La hidroeléctrica Pescadero-Ituango se constituye en una esperanza para el suministro de energía eléctrica a partir del año 2018, la misma tendrá una capacidad instalada de 2.400 megavatios, una represa de 240 metros de altura, 70 kilómetros de longitud, un embalse de 3.800 hectáreas en jurisdicción de nueve municipios de Antioquia y con un costo aproximado de 2.290 millones de dólares. Iniciativa que tuvo su origen en el memorando suscrito el 18 de agosto de 1969 por el ingeniero civil José Tejada Sáenz, denominado" Desarrollo Hidroeléctrico del Cauca Medio".
El proyecto ha contado con innumerables y cuantiosos estudios, que han pasado por el examen crítico de incrédulos profesionales y tecnócratas, quienes lo tuvieron por muchos años engavetado, y cuando vislumbraban alguna posibilidad de viabilizarlo, se constituían en sus verdaderos detractores por considerarlo un embeleco. No obstante, poco a poco se ha ido abriendo paso, y ya a partir del año 2001, desde la Gobernación, se retomó el tema y se constató la necesidad de impulsarlo, especialmente a finales del año 2007, cuando se recibió el informe de la consultoría sobre la factibilidad técnica, económica y ambiental, pero la administración saliente no logró concretar sus esfuerzos o no fueron suficientes, ya que Pescadero-Ituango no estaba en ese momento entre las prioridades del socio mayoritario.
El nuevo gobernador y el gerente del Idea asumieron el liderazgo de tan importante proyecto para hacerlo realidad, dadas las ventajas de su bajo impacto ambiental y social en las zonas circundantes y por los significativos beneficios de desarrollo regional que seguramente va a generar en los aspectos económicos, fiscales, de infraestructura, empleo y turismo; por lo que en una transacción extrarrápida y osada, y ante la incredulidad del grupo empresarial mayoritario, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia asumió el control del Proyecto Pescadero-Ituango a mediados del año 2008, cuando compró la participación de los socios minoritarios por una cifra cercana a los 90 mil millones de pesos.
Con algunos antecedentes de deslealtades entre los accionistas y la forma como el ente regional asumió el control, se enrareció el ambiente, originando una serie de controversias y acusaciones por toma hostil y detrimento patrimonial. Denuncias y demandas que se han echo efectivas ante los organismos de control y de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, originando situaciones de enfrentamientos entre los accionistas que han dejado profundas heridas y que hasta la fecha continúan sin cicatrizar, en detrimento de la buena marcha del proyecto más importante y bondadoso para el país y especialmente para la región en los próximos años.
Es hora que el gobernador, el gerente del Instituto, el alcalde de Medellín y el actual gerente del grupo empresarial EPM, que fue promotor y defensor del proyecto hidroeléctrico durante muchos años, depongan cualquier ánimo discordante y en un acto de grandeza y de servicio, deben de una vez por todas allanar de manera sincera y honesta las diferencias, dejando a un lado los malos entendidos, rencores y revanchismo.
Para la construcción y funcionamiento de esta trascendental obra, que será orgullo de los antioqueños, todos los accionistas serán imprescindibles, principalmente EPM, dada su amplia trayectoria en el sector y por su incuestionable capacidad financiera, técnica y operativa. Si halamos para un mismo lado, todos saldremos ganadores.
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