Se presentó formalmente la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, que es la política pública de seguridad del gobierno de Juan Manuel Santos.
Es necesario recordar que académicamente una cosa es la formulación de una política pública y sus objetivos y otra es su ejecución y los resultados que produzca; igualmente se debe precisar que una política de seguridad y defensa debe partir de precisar claramente las amenazas a las cuales pretende enfrentar la misma.
La política parte de unos logros evidentes en seguridad, como son reducción del narcotráfico, de los grupos armados ilegales y el crimen y un incremento del liderazgo en seguridad.
El documento reconoce que "las organizaciones que amenazan la tranquilidad de los ciudadanos se han venido transformando y adaptando a las nuevas condiciones del escenario nacional".
Igualmente se aceptan las dificultades existentes de seguridad al señalar "que aún existen zonas rojas donde las estrategias de control territorial y desarticulación de grupos armados al margen de la ley, implementadas en el marco de la Política de Seguridad Democrática, son necesarias para acabar con la violencia. Asimismo, también se reconoce que en otras zonas (amarillas), o bien recuperadas de la violencia o bien carentes de adecuada presencia estatal, las estrategias deben converger en el propósito estatal de la consolidación de la seguridad, siendo el uso de fuerzas de control, la cooperación internacional y la acción integral del Estado, los elementos fundamentales para lograr el éxito.
Finalmente, el MDN empezará a sentar las bases de la seguridad para la prosperidad -fuerza policial, inteligencia y tecnología- en zonas consolidadas (verdes), caracterizadas por niveles adecuados de institucionalidad, inversión y gobernabilidad" y considera estas amenazas principales: las Farc y Eln en lo relativo a la confrontación armada, las bacrim en lo relacionado con el narcotráfico, las milicias y redes criminales en lo concerniente con la inseguridad pública y fronteriza, finalmente la delincuencia común y el crimen organizado en el ámbito de la inseguridad ciudadana.
Como objetivos la política se propone: a) llevar a un mínimo histórico la producción nacional de narcóticos; b) desarticular los grupos armados ilegales y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación; c) crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana; d) avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble, integrado e interoperable; e) contribuir a la atención oportuna de desastres naturales y catástrofes; f) fortalecer la institucionalidad y el bienestar del sector seguridad y defensa nacional.
No hay duda de que como documento de política pública lo presentado por el Ministerio de Defensa reúne los requisitos necesarios para considerarla como una adecuada formulación. Primero un reconocimiento necesario: a diferencia de la política de seguridad del anterior gobierno, considera en el mismo nivel de importancia tres escenarios de seguridad interna, el del conflicto interno armado, el específico de la lucha contra el narcotráfico y el de la seguridad ciudadana -la abandonada de la anterior política-.
Algunas glosas necesarias apuntan a señalar el excesivo optimismo de algunos objetivos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, un campo ilegal que ha mostrado una gran capacidad de adaptarse a las estrategias para atacarlo y migrar de un sitio a otro, e igualmente en lo relacionado con la desarticulación de los grupos armados ilegales -ya en el pasado hemos escuchado a varios ministros de defensa prometer acabar con la guerrilla y el resultado ha estado lejos de cumplirse-.
En este ámbito si bien es importante que el Estado fortalezca su capacidad de inteligencia, de interoperabilidad, su capacidad de control y coordinación y aumentar el apoyo y legitimidad de la sociedad, no puede renunciar a la dimensión política para solucionar el conflicto, que como bien lo ha reiterado el Presidente Santos, debe darse cuando haya adecuada certeza del éxito de la misma.
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