Al fin la Corte Suprema de Justicia, luego de un prolongado e insólito proceso de omisión de sus obligaciones constitucionales, procedió a la elección de Fiscal General de la Nación en propiedad. Quedó en evidencia el trasfondo político que anidaba en el ánimo de varios magistrados de no aceptar las ternas enviadas por el entonces Presidente Álvaro Uribe Vélez, así como el sofisma inventado por la Corte, mas no por la ley, de que el candidato escogido tendría que ser penalista.
Paralelamente, quedó formalizada la capacidad de veto que la Corte Suprema de Justicia, obrando por fuera de sus competencias constitucionales, impuso al Poder Ejecutivo para que éste tenga que conformar las ternas al gusto de la corriente política que en ese momento domine las mayorías de la Alta Corporación.
Es un grave precedente, ya que como lo advirtió con lucidez el consejero de Estado Marco Antonio Velilla, integrante de la anterior terna, todas las instituciones que deban elegir altos funcionarios de postulaciones presentadas por otras entidades, acudirán al mal ejemplo de la Corte Suprema para vetarlas, de modo que sean reformadas a su gusto, con la inseguridad jurídica e inestabilidad que conlleva.
La elección de la doctora Viviane Morales Hoyos, jurista con trayectoria en el campo del derecho público y constitucional, más que en el penal, se produjo luego de su presentación ante la Sala Plena, junto con los otros dos ternados.
Ante la Corte y en declaraciones posteriores, la nueva Fiscal General tocó temas que son de consenso en cuanto a su prioridad, como es el de una completa reforma administrativa interna en la institución, la necesidad apremiante del fortalecimiento de las competencias investigativas a cargo del ente acusador, la reestructuración de la policía judicial, y la profundización en el proceso de justicia transicional para una adecuada reparación de las víctimas.
La doctora Morales tiene trayectoria política, que de por sí no la descalifica para el descomunal reto que asume, pues ciertamente ha ido aparejada a una importante actividad académica. Lo que tendrá que demostrar es que en su trascendental ejercicio primará la función jurisdiccional que le corresponde, y no la de representante de determinada corriente política, con la cual en el pasado ha tenido evidente cercanía.
La Fiscalía General de la Nación tiene que recuperar el papel que la Constitución le ha conferido. Es un ente de enorme poder, en el cual las virtudes de prudencia, independencia, imparcialidad y probidad deben distinguir a todos sus funcionarios, en primer lugar a su cúpula.
La práctica tristemente consolidada de la justicia espectáculo y de las decisiones comunicadas al calor de los focos de televisión y los micrófonos, no puede continuar. Una Fiscal que obre como intachable jurista y no como parte de un tinglado mediático sería un legado que el país agradecería a quien asume el crucial papel de llevar a la práctica una correcta política criminal, que apunte a la lucha decidida contra la delincuencia y la impunidad.
Hemos sostenido que la Fiscalía no debe ser satélite de otros poderes, sean públicos o privados. Debe cooperar armónicamente con el Poder Ejecutivo y el Judicial, y ejecutar las leyes provenientes del Legislativo, pero sin olvidar sus competencias exclusivas en investigación y acusación penales.
Es positivo recuperar la normalidad institucional, gravemente lesionada durante estos 15 meses de interinidad y de lucha soterrada de poderes al interior de la Corte Suprema, donde afloró la cara más politizada de la justicia. Ojalá se retome en ella la senda de la sensatez y la madurez democrática.
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