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El Congreso de la República aprobó la Ley de Víctimas con un capítulo que busca la restitución de tierras. En efecto, dicho capítulo busca restituir todos los predios que fueron arrebatados y despojados a la fuerza desde 1991. Ningún colombiano se opone al noble objetivo de la restitución. De hecho, desde el anterior gobierno se trabajó sin descanso por ese objetivo.
En 2006 se creó el programa Conret en el Ministerio de Agricultura. Conret identificó todas las combinaciones de despojo (desde ventas forzadas, hasta abusos con la prescripción adquisitiva del dominio). Conret, además, identificó los caminos jurídico y administrativo de mayor agilidad para lograr la restitución ante cada una de las modalidades de despojo. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación reconoció el programa y lo publicó.
El anterior Gobierno, adicionalmente, incorporó un gran capítulo de restitución de tierras en el Estatuto de Desarrollo Rural. Se rompía, por ejemplo, el principio de cosa juzgada si se demostraba que el cambio de propietario de un predio era resultado de la violencia y la intimidación. Desafortunadamente, la Corte Constitucional declaró inexequible el Estatuto por falta de consultas con las minorías (¿consultaron la Ley de Víctimas para que no se vaya a caer en la Corte?).
Ahora bien, nadie ha estimado lo que costará al país el capítulo de restitución de tierras incluido en la Ley de Víctimas. Se habla de 6 millones de hectáreas que podrían estar en discusión. Supongamos que la cifra está inflada y que finalmente sólo 4 millones de hectáreas serán objeto de restitución real. Dividamos esos 4 millones de hectáreas en dos grupos: las que siguen en manos del violento o su testaferro (y que no serán compensadas a su actual dueño o poseedor) y las que hoy están en manos de un tercero de buena fe (y que serán objeto de compensación económica por parte del Estado a su actual dueño o poseedor).
Supongamos que en el primer grupo cabe el 25% de la tierra a restituir. Mejor dicho, que sólo la cuarta parte de los victimarios son tan torpes como para no haber generado infinitas cadenas de compraventa con los predios que despojaron. Así las cosas, 3 millones de hectáreas deberán ser pagadas por el Estado a terceros de buena fe.
Supongamos que, de los 3 millones de hectáreas a comprar, la mitad son improductivas. El precio promedio de una hectárea improductiva puede ser 3 millones de pesos, y el de una hectárea productiva 10 millones de pesos (por las inversiones o simplemente por su flujo de caja esperado).
Así, el costo total para el Estado de los 3 millones de hectáreas sería de 19,5 billones de pesos: 1,5 millones de hectáreas x 3 millones de pesos + 1,5 millones de hectáreas x 10 millones de pesos.
Supongamos que, de los 4 millones de hectáreas a restituir, 12 o 13% le generan errores y demandas al Estado.
Los errores con esas 500 mil hectáreas le costarán al Estado, en demandas, el flujo de caja que dejan de recibir sus dueños: 1 millón por hectárea por año siendo conservadores. Si las demandas toman 10 años, su valor presente equivale a 5 billones de pesos.
Sumando lo anterior, se observa que el capítulo de restitución de tierras de la Ley de Víctimas puede costar a los colombianos 25 billones de pesos. Esto es, 2,5 billones por año durante los próximos 10 años. Si esto es así, el déficit fiscal aumentará en 0,5% del PIB por año y demandará 2,5 billones de más deuda o impuestos por año, durante los próximos 10 años. Este es mi cálculo. Bienvenido el debate.