Un proyecto de ley que empieza su curso en la Comisión Primera de Cámara de Representantes y que busca conferirle facultades extraordinarias al Presidente de la República para reformar la Defensoría del Pueblo, tuvo este lunes una Audiencia Pública que reunió a víctimas, defensores y sindicatos que apoyan la iniciativa.
El defensor encargado, Alfonso Cajiao, presentó los principales puntos de dicha reforma entre los que se destaca la creación de un Instituto de Derechos Humanos, que promueva la formación e investigación sobre el tema; una Unidad de Análisis, que realice estudios técnicos con miras a trazar políticas públicas; y una Unidad de Permanente de Atención a los Derechos Humanos, que preste sus servicios durante las 24 horas del día.
La reforma también contempla la creación de una dependencia de Asuntos Internacionales con la que sea posible atender a los colombianos en el exterior, un defensor comunitario en zonas rurales y de frontera y la descentralización del manejo del presupuesto para que cada dependencia regional pueda tener autonomía financiera.
El represente Germán Navas objetó la iniciativa e instó a los representantes de la Defensoría a presentar un proyecto de ley para estructurar dicho organismo. De acuerdo con el representante, al otorgarle al Presidente facultades extraordinarias, el Congreso perdería la posibilidad de ayudar a estructurar la reforma y perderá cualquier competencia sobre el asunto. “Me preocupa que con estas facultades extraordinarias se aumente la burocracia y se complazca a los políticos”, declaró.
Los defensores del proyecto, que tiene el respaldo de organizaciones sindicales, agremiaciones de defensores públicos y de víctimas, coincidieron en señalar que ésta es una iniciativa que está permitida en la Constitución, representa le recurso que modificará en menor tiempo a la Defensoría del Pueblo, sin que ello implique grandes inversiones monetarias.
Los ponentes de este proyecto, que aún no ha tenido su primer debate, son Heriberto Sanabria, Victoria Eugenia Vargas, Carlos Arturo Correa y Alfredo Bocanegra, quien consideró que la aprobación de este proyecto es viable debido a la urgencia que tiene este organismo de reestructurarse internamente, el corto periodo legislativo que le resta al actual Congreso y la confianza que existe en el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
De aprobarse este proyecto de ley, el Presidente de la República estará facultado por seis meses para realizar las reformas estructurales al interior de la Defensoría del Pueblo. Este organismo no ha tenido un rediseño institucional en los últimos 20 años.
