Me espeluzna ver cómo la justicia mediática y paralela ha potenciado la facultad ilegítima de condenar a tantos individuos en el juicio breve y sumario de un noticiero, con la violación flagrante de la presunción de inocencia y el debido proceso, principios universales del derecho penal.
Al médico Luis Carlos Restrepo más le habría valido mantenerse en la respetable condición de psiquiatra, apóstol del derecho a la ternura y predicador de la paz, que meterse en el berenjenal del servicio público para conseguir el trato de peligro social, prófugo y delincuente del que no lo bajan en estos días, pese a que no ha sido ni oído ni vencido en juicio. Lo menos que le han dicho los perseguidores tenaces es que está loco.
Le falta un mínimo de humanidad a esa inicua judicatura mediática. Recuerdo los consejos de Don Quijote a Sancho para el gobierno de la ínsula de Barataria: Le decía que al culpado que cayere bajo su poder lo considerara digno de compasión "y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia".
En este país y afuera, un sector errado del periodismo sigue incurriendo en excesos y atropellos contra la dignidad y la libertad humanas, al arrogarse la potestad de sustituir a los jueces con el pretexto de que si la administración de justicia es ineficaz (y en parte es una verdad de Perogrullo) hay que aplicar sanciones sociales al margen de las normas y los procedimientos institucionales. Esa atribución arbitraria incluye también la absolución con indulgencia sospechosa de sujetos indeseables bendecidos por la fortuna, que siempre caen parados como los gatos.
De ningún modo es aceptable la censura. Sí es preciso un examen honrado de conciencia profesional. El poder real y efectivo que da el dominio de un medio de información requiere autocontrol ético razonable.
La cacería implacable y la condena anticipada de cualquier ciudadano (y en este caso la mala suerte le tocó al excomisionado) crean confusión, desconfianza e inseguridad jurídica.
¿Quién va a confiarse en que lo procesarán con todas las de la ley, si antes de conocer los cargos que se le imputan ya lo han condenado por la radio, la televisión o la prensa? La presión persistente sobre los administradores de justicia se convierte en fuerza coactiva que puede inhibirlos, como seres humanos que son, para decidir con independencia.
Quisiera saber qué piensan en las facultades de derecho y los colegios de abogados sobre este asunto indignante de la presunción de culpa y el indebido proceso.
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