El 29 de mayo de 2013 una providencia del Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá ordenó un arresto de 10 días y una multa de 5 salarios mínimos en contra de José Ricardo Caballero Calderón, en ese entonces, representante legal de la Fundación Universitaria San Martín, por el desacato a dos fallos de tutela ante la violación de los derechos al debido proceso y a la asociación sindical de algunos empleados de esa institución.
La misma providencia ordenó compulsar copias a las Fiscalía General de la Nación para que se iniciara una investigación penal en contra de Caballero por un posible delito en contra de la administración de justicia.
Además, el juzgado resolvió iniciar el trámite formal de incidente de desacato en contra de los miembros del Plénum de la institucion entre los que se incluye a Mariano Alvear Sofán, fundador y presidente del máximo organo de gobierno de la Fundación Universitaria San Martín.
Esa providencia es apenas un síntoma de una serie de presuntas irregularidades que datan de tiempo atras y que se conocen pocas horas después de que el Minsiterio de Educación Nacional anunciara la cancelación de varios programas académicos de esa universidad, entre los que se incluye la carrera de Medicina que se ofrece en su sede de Sabaneta, Antioquia.
Sin embargo, la tensa relación de las directivas universitarias con el sindicato de trabajadores, Sinaltrafusm, fundado el 19 de diciembre de 2012, no es el único problema que se suma a la reciente decisión del Ministerio de Educación.
En 2011 varios proveedores de la institución entablaron denuncias ante autoridades judiciales por presuntos incumplimientos contractuales, además, la Secretaría de Hacienda de Bogotá aseguró que esa entidad acumulaba una deuda cercana a los 10 mil millones de pesos, razón por la cual se adelantaron procedimientos de embargo a algunos predios de la universidad en la capital de la República.
Ese mismo año se registran otros antecedentes de las irregularidades que rodean la oferta de algunos programas académicos. En este caso fue la Fiscalía 37 delegada de la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio Económico la autoridad que dictó una resolución de acusación por el presunto delito de estafa agravada en contra de tres directivos de la Fundación Universitaria San Martín, entre quienes nuevamente aparece su fundador, Mariano Alvear Sofán.
Según la fiscal del caso, los hechos que motivaron la acusación se remontan a 1999 cuando 15 personas se matricularon en un programa que no contaba con registro del Icfes y era ofrecido por la facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en la sede Barranquilla.
Ante ese acumulado de irregularidades, Jose Enrique Osorio, presidente de Sinaltrafusm, explica que el 30 de enero de 2013 ese sindicato presentó un pliego de peticiones que incluye aspectos, que a su juicio, de haber sido tenidos en cuenta, habrían aportado al cumplimiento de los principios de calidad por los que ahora la cartera de Educación emite sanciones con las que cancela varias carreras profesionales y especialidades médicas.
Sin embargo, según Osorio, pasaron cinco meses antes de que la institución propiciara la creación de una mesa de diálogo con los empleados para discutir el pliego de peticiones y, ante el panorama que ofrecen las sanciones, el sindicato asegura que se deben tomar medidas para evitar las consecuencias de lo que consideran un problema social que podría afectar a los egresados, a cerca de 27 mil estudiantes y a 5 mil empleados.
"Consideramos necesario hacer un alto en el camino para subsanar los errores que se han cometido, si se sigue por el camino en que se va, seguramente se va a poner en riesgo la personería jurídica", dijo Osorio. Además, agregó que Sinaltrafusm hace un llamado al Ministerio de Educación y a la Presidencia de la República para que se emita un decreto que permita intervenir la institución para avanzar en aspectos como la calidad académica, la democratización de los organos de gobierno y la mejora de las condiciones laborales de los empleados.
Las directivas de la universidad, desde su sede central en Bogotá, cuestionaron el procedimiento del Ministerio de Educación que hizo públicas las resoluciones en las que se soportan las sanciones antes de que esa institución presentara los recursos de reposición que proceden en este caso.
Por su parte, funcionarios del Ministerio aclararon que las evidencias para justificar las sanciones se recopilaron durante dos años y que tanto la universidad como esa entidad deben garantizar que los estudiantes matriculados mientras estuvieron en vigencia los registros calificados puedan continuar y culminar sus estudios en condiciones de calidad.
En la sede de Sabaneta rechazan la determinación del Ministerio
Pese a las irregularidades administrativas que se concentran en su mayoría en las sedes de Bogotá y la Costa Atlántica, los estudiantes de la sede de Sabaneta se declararon sorprendidos con la determinación del Ministerio de Educación y luego de una reunión que sostuvieron con el decano de la Facultad de Medicina, Luis Javier Giraldo, cuestionaron la sanción y rechazaron la idea de que la calidad académica haya motivado la cancelación del programa de Medicina en esa sede.
Jaime Ramírez, estudiante de octavo semestren de Medicina, asumió la representación de sus compañeros ante la situación que se desprende de la sanción emitida por el Ministerio. Según dice, a diferencia de lo que puede ocurrir en otras sedes de la universidad, en el caso de Sabaneta la relación con las autoridades académicas ha sido transparente e incluso, desde las directivas, han surgido llamados para que se asuma una representación estudiantil permanente.
Según dijo, en las próximas horas los estudiantes emitirán un comunicado en el que explican las razones por las cuales rechazan la sanción: "No es justo desde ninguna perspectiva que se nos considere profesionales de mala calidad, la sociedad reconoce que este programa tiene muy buenos profesionales", dijo Giraldo.
Por su parte, el decano de la Facultad de Medicina, Luis Javier Giraldo, también se declaró sorprendido por la determinación, señaló la precipitud de la cartera de Educación al hacer pública la sanción y dijo que a su juicio hay incosistencias de las resoluciones.
Según Giraldo, en el informe presentado por un par académico que visitó la sede en noviembre de 2011, se encuentra consignado que el programa de Medicina no tiene mayores dificultades de funcionamiento y las que pueden existir de ninguna manera afectan los convenios docencia-servicio, aspecto por el cual se emite la sanción. Según el decano, el informe consideró a Medicina como un porgrama de calidad y, en ese sentido, dice no entender las razones para que en el pliego de cargos, dado a conocer por el Ministerio antes de emitir la sanción, se señalen problemas que distan de lo establecido en ese informe.
En cuanto a las dificultades administrativas de la universidad, Giraldo aseguró que "son problemas que no se pueden desconocer" dijo, sin embargo, que la sede de Sabaneta siempre ha sido ajena a esas problemáticas y un ejemplo de eso es la preocupación y el rechazo de estudiantes y empleados a la determianción del Ministerio.
El decano explico que este viernes se adelantan reuniones con estudiantes y padres de familia y el próximo lunes, en Bogotá, se analizarán los pasos a seguir para entablar el recurso de reposición que pocede ante las sanciones.
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