Las peleas entre el fiscal, Eduardo Montealegre, y el procurador, Alejandro Ordóñez, han estado fuera de tono, mal argumentadas y, sobre todo, mal concebidas. No les corresponde a ninguno de los dos defender o atacar el proceso de paz, como tampoco los otros puntos sobre los cuales han reñido.
Deberían estar dedicados a cumplir, respectivamente, con su tarea, que es lo suficientemente compleja y riesgosa y no en estar enfocados en debatir sobre otros temas.
Por el contrario, tanto Montealegre como Ordóñez no pierden oportunidad de asistir a eventos donde el espectáculo de atracción es la discusión entre los dos en la que se embarcan en argumentos que no están dentro de su obligación.
Insólito.
En estos debates, el primero, en algunos momentos, no parece Fiscal General, sino, un ministro más del Gobierno, y el segundo, en vez de Procurador se comporta como un miembro de la oposición, imponiendo argumentos moralistas que tienen que ver con sus creencias religiosas.
Errado.
Con esto pareciera que el Fiscal y el Procurador no tienen tan claras sus funciones dentro del Estado. Aunque comparto las posiciones de Montealegre y no las de Ordóñez, este primero se ha tomado el proceso de paz tan a pecho que solo le falta ir a negociar a La Habana sentado en la mesa de negociación.
No es su papel.
Como tampoco es el del Procurador atacar con su influencia y su poder cada uno de los debates que su posición personal y sus creencias religiosas no le dejan compartir.
Entre esos está el matrimonio entre parejas del mismo sexo, los derechos de la comunidad LGBT, los temas de la mujer como el aborto, la legalización de las drogas y otras discusiones en las cuales ha tomado banderas individuales y retrógradas.
Eso no espera el país de su Procurador.
Es claro que en estos debates el primero representa a una Colombia que lucha por dejar atrás posiciones conservadoras, quedadas en el tiempo, y con eso avanzar a un país de reconciliación y superación del conflicto armado. Importante.
El segundo habla por una parte de la sociedad que sigue siendo ancestral, que mezcla la religión con la política y que está anclada en las discriminaciones y los juicios morales para imponer decisiones del Estado. Lamentable.
Desde luego, ambos funcionarios tienen todo el derecho a profesar sus ideas. Pero el Fiscal y el Procurador no pueden seguir enfrentándose como candidatos políticos que se necesitan el uno al otro para figurar, y, en el mientras tanto, olvidar sus roles y alejarse de sus funciones por debatir los posibles caminos que enfrenta el país. Esto tiene que parar.
Aunque Montealegre ha sorprendido por ser independiente, reformador y comprometido con las negociaciones de paz, ahora lo tiene que hacer por ser el mejor Fiscal.
Mientras tanto, Ordóñez debe recordar que la tarea que le encarga la Constitución de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, no es solo para la parte de la sociedad que comparte su credo, sino para todo el país aunque él no comparta personalmente la decisión. El Procurador no es un representante religioso, es el Procurador. Y por eso tiene que actuar como tal.
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