La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años al gobernador del Caquetá, Víctor Isidro Ramírez Loaiza, por presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de un convenio de asociación.
Ramírez Loaiza fue investigado por haber suscrito el convenio número 009 de 2013 con una empresa privada panameña para llevar a cabo una serie de brigadas de salud en el Caquetá que habrían ocasionado un detrimento de 7 mil millones de pesos al departamento.
Específicamente se cuestionó que el convenio que tenía por objeto “impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan de Desarrollo Departamental 2012–2015”, desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal y eludiendo la aplicación de los procedimientos contractuales pertinentes.
En ese sentido, la Procuraduría encontró que el Gobernador incurrió en una conducta irregular constitutiva de falta disciplinaria, por omitir el deber de velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones en materia contractual delegadas en sus secretarios de despacho mediante el Decreto 0036 el 24 de enero del presente año.
El fallo de primera instancia fue apelado por la defensa del Gobernador.
