Tras radicar ayer en el Senado de la República, el proyecto de ley que reglamentará la reforma constitucional que sanciona la dosis mínima, el Gobierno Nacional busca endurecer las penas a los traficantes de sustancias ilícitas y la atención médica especializada de los consumidores de estupefacientes.
El artículo 31 de la reforma, en lo referente a tráfico, fabricación o porte, dice: "El que introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de 12 a 24 años".
"En los casos en los que utilicen menores de edad y centros educativos para el expendio de droga, esa pena mínima se duplicará", manifestó el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio a Colprensa.
Con el trámite de este proyecto de ley surgen algunas preguntas por parte de constitucionalistas. Para el analista Juan Manuel Charry, hay un incremento en las penas, lo que en la práctica no implica ni mayor ni menor trabajo judicial, sino una mayor carga al sistema penitenciario y carcelario.
"Tendríamos que preguntarnos, porque ahí están divididas las opiniones, si realmente subir las penas es un elemento que disuade a los delincuentes. Yo creo que esto es relativo y la eficacia no es muy grande porque muchas veces el delincuente comete la falta sin importarle el castigo", aseguró Charry.
Otro de los aspectos que toca el proyecto es que toda persona que sea sorprendida con sustancias estupefacientes o sicotrópicas, o que se encuentre bajo el influjo de dichas sustancias, será conducida por parte de la autoridad de Policía al Centro de Orientación más cercano, lugar que se crearía también con la ley.
Según Valencia Cossio, "estos centros de orientación estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social y una vez recibida la persona, se hará la respectiva identificación y registro".
El proyecto indica que "luego de eso y con previo consentimiento del detenido se procederá a que el médico psiquiatra o psicólogo realice una entrevista con el fin de determinar la modalidad de consumo. Dentro de las 7 horas siguientes el médico tratante deberá emitir dictamen forense, el cual tendrá una recomendación acerca del tipo de medida que deberá imponerse en el caso concreto", comentó el Ministro.
La norma, además, señala que el juez que esté destacado en el respectivo Centro de Orientación, deberá poner en conocimiento del paciente el tratamiento de rehabilitación que se estime conveniente a través de las medidas de protección con que cuenta el Estado.
"Si del dictamen forense o de las circunstancias que rodearon el hecho, se deduce que la persona portaba sustancias estupefacientes o sicotrópicas para traficarlas o distribuirlas, se pondrá a disposición de la Fiscalía General con el fin de que se inicie el trámite correspondiente", dice el proyecto.
Según los cálculos del Gobierno, con esta ley se reducirán a la mitad los términos previstos para el proceso de extinción de dominio a bienes utilizados para el expendio de drogas y con ello atacar de frente el microtráfico.
Este ha sido uno de los puntos fundamentales que el Ejecutivo ha querido modificar con esta nueva reglamentación. Por eso desde el Gobierno se ha dejado en claro que el combate contra las drogas se dará de frente al microtráfico y a los expendios ("ollas"), que serán expropiadas.
El inicio del trámite del proyecto coincide con el anuncio de esta semana del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien le pidió a la Fuerza Pública que decomise cualquier cantidad de droga, como respuesta al acto legislativo aprobado para penalizar el porte de la dosis mínima y luchar contra el flagelo del consumo.
"Invito a toda la Fuerza Pública, a todos los policías de la Patria en todas las regiones, a todos los soldados, a decomisar cualquier cantidad de droga, en virtud del acto legislativo que nuevamente ilegaliza la droga. Yo creo que eso nos puede ayudar muchísimo a combatir este flagelo", sostuvo el pasado martes Uribe.
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