La idea es ponerlos a trabajar. Luego de la radicación ayer del proyecto de ley que modifica la financiación de la educación superior, los representantes de las universidades oficiales y Mineducación deberán inyectarle energía al Congreso para que sea aprobado en esta legislatura.
Con la reforma los recursos de la educación superior aumentarían gradualmente hasta cerca de 4.3 billones de pesos en 2019, según estima Danilo Vivas Ramos, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE).
Cada año los recursos serían base presupuestal y crecerían el IPC como ocurre hoy, pero la novedad es que a la partida se agregaría un punto porcentual para 2011, dos puntos para 2012 y tres puntos cada año entre 2013 y 2019.
Los dineros adicionales se invertirían principalmente en la ampliación y sostenimiento de nuevos cupos, el reconocimiento de la productividad académica de los docentes y en la formación de doctores.
Será una tarea dura en los cerca de 90 días que quedan para que termine esta legislatura porque como dijo el representante saliente, Jaime Restrepo Cuartas, el tiempo es corto.
Danilo Vivas Ramos, no obstante, confía en que será aprobado si el presidente Álvaro Uribe le da el carácter de urgencia que prometió.
Dependerá también de la fuerza de los miembros del SUE, validada a fines del año pasado cuando pelearon y consiguieron el aumento de los recursos para la educación superior oficial.
La ministra de Educación, Cecilia María Vélez White, es consiente de la capacidad de movilidad de los rectores y por eso había anunciado que sólo presentaría el proyecto de reforma si llegaba a un acuerdo con los representantes del sistema.
A ese acuerdo llegaron el pasado seis de abril, cuando se pulió el texto definitivo, que presentaron la Ministra de Educación y el Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, ayer a las 11:00 de la mañana en la Secretaría General del Senado.
La propuesta, sin embargo, no es del agrado de Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, quien anunció en un comunicado la semana pasada que no está basada en un diagnóstico del problema de financiamiento. Para él no está en peligro la financiación porque se trata de recursos adicionales, "pero podremos estar perdiendo una oportunidad única para corregir el problema estructural".
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