Que la justicia sea pronta y eficiente no debería ser un derecho sino un deber de los Estados. Sin embargo, en los últimos dos años no solo se ha oído hablar de la lentitud del sistema judicial, que tiene más de 2.5 millones de procesos acumulados, sino que se ha cuestionado a la Corte Suprema de Justicia por lo que algunos sectores llaman la politización de los fallos; la Corte ha reclamado que es víctima de seguimientos ilegales; han salido a relucir escándalos por el llamado carrusel de las pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura y hasta se han enfrentado las salas Administrativa y Disciplinaria.
Mientras llega el 16 de marzo, cuando comienza la nueva legislatura, y con ella los nuevos debates a la reforma; los foros, encuentros y hasta reuniones de trabajo privadas para discutir e impulsar el tema, siguen tomando importancia.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra , centra su apuesta en los foros regionales. El primero se realizó el jueves en Ibagué y al finalizar el mismo lamentó que no estuvieran los representantes de las altas cortes, quizás porque no tenían una "posición unificada".
Desde estos foros (que se realizarán también en Bogotá, Cúcuta y Cali), el Ejecutivo quiere poner a hablar a las autoridades locales sobre lo que Esguerra define como una reforma para darles una "justicia pronta y oportuna a los ciudadanos de a pie". Para lograrlo, insiste, se tiene que trabajar en dos frentes: la descongestión y la agilización; y los cambios para fortalecer el "andamiaje" de la justicia.
Por su parte, la Corporación Excelencia en la Justicia y el Instituto de Ciencia Política comenzaron una serie de conversatorios en los que participan representantes del Gobierno y de las altas cortes, las cuales se habían marginado de la discusión del proyecto en el Congreso.
A esto se suma el anuncio del presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo , quien señaló que esta iniciativa será prioritaria en la próxima legislatura y anunció que en la primera semana de marzo se reunirá con los ponentes de los proyectos y los voceros de los partidos.
Un espacio para oírse
Para la directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero , el principal logro de los conversatorios ha sido "sentarlos a todos hablar del mismo tema y que se escuchen, porque no tenemos función de mediación".
Ya van dos mesas de trabajo de tres horas (el 10 y el 13 de febrero) en las que se ha hablado de Gobierno, disciplina de la Rama Jurisdiccional, elección de magistrados, descongestión judicial y un tema de la reforma que a muchos no les gusta: el artículo 116 que contempla la atribución de facultades a particulares (notarios y abogados litigantes) para descongestionar la Rama Judicial.
"Se dio un avance importante por parte de la Rama Judicial que aceptaría, como un artículo transitorio, la atribución a notarios para labores de descongestión", indicó la doctora Borrero.
Sin embargo, para ella, esas funciones, así sean temporales, no son convenientes porque terminarían por "desmantelar la justicia".
En el foro de Ibagué también se tocó ese aspecto. El representante a la Cámara Alfonso Prada Gil , uno de los ponentes del proyecto, señaló que lo que se hace es aprovechar "ventajas comparativas de los abogados".
Para el Gobierno, los 2.5 millones de procesos acumulados en los archivos de los juzgados son un motivo más que suficiente para buscar una alternativa que no tiene un afán privatizador ni busca deslegitimar a los miembros de la Rama Judicial.
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