Qué tal si la Corte Suprema de Justicia hubiese exonerado a Yidis Medina. Es decir, si el alto tribunal hubiese desdeñado el hecho de que una persona se presenta ante sus magistrados y se autoincrimina por un delito que ya se ha convertido en un grave escándalo público y presenta varias evidencias en su contra y cuenta en detalle la manera cómo llevó a cabo el ilícito. Si la hubiese exonerado sabiendo, además, que quizás ha incurrido en otras muchas transgresiones a la ley por todas las acusaciones contra ella que se empiezan a ventilar en los medios de comunicación.
O pongamos la cuestión más cerca de cada uno de nosotros simples ciudadanos que no conocemos nada o casi nada de los secretos de los códigos. ¿Qué haría uno en un caso así? Alguien viene y le confiesa un delito y le entrega todas las pruebas de que lo ha cometido y le pide un veredicto. ¿Se puede inventar la inocencia? ¿Es posible construir un relato lógico para absolver una persona en estas condiciones?
No quiero imaginarme lo que aparecería en la historia del derecho colombiano dentro de veinte o cincuenta años cuando ya el presidente Uribe y todos los funcionarios que hoy están en el ojo del huracán de este escándalo sean polvo del olvido y lo sean también los magistrados que hoy son protagonistas del juicio a los políticos. El escándalo mayor hubiera sido la declaratoria de inocencia.
Pero, claro, en el momento actual, en la extraña parcialización y ceguera que vive la nación, quizás este hecho se hubiera tomado como un acto de sensatez de la Corte Suprema de Justicia, como una manifestación de respeto al fuero presidencial y a las demás instituciones, como un valiente rechazo a las maniobras de la oposición y a los oscuros designios del terrorismo, como la invención de una nueva corriente dentro del derecho penal en el mundo. Me imagino las columnas que saldrían de las plumas de Fernando Londoño y Alfredo Rangel.
La Corte Suprema no se atrevió a semejante osadía y procedió a condenar a Yidis con arreglo a las lógicas tradicionales del derecho. Acudiendo a esas mismas lógicas dijo que si el delito confesado por la señora Yidis Medina era el de haber coadyuvado de manera decisiva a la aprobación de una ley recibiendo por ello un estipendio esa ley debía ser revisada por los organismos competentes que son la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación.
Ahora las palabras para calificar esta decisión son de todas las categorías. Desde la más socorridas como intencionalidad política de la Corte, hasta las más rudas y mendaces como oscuro complot para tumbar al Presidente, contubernio descarado con el terrorismo.
Claro que estas declaraciones se hacen no sólo para amedrentar a los magistrados y a quienes se atrevan a apoyar esta manifestación de la justicia, se hacen, sobre todo, para justificar ante el país las acciones que han emprendido: la convocatoria de un referendo y la arremetida jurídica contra varios magistrados de la Corte Suprema acusados ahora ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de relaciones con las mafias por altos funcionarios del Gobierno.
La osadía de que no fue capaz la Corte la acometió el presidente con la rapidez del rayo. Para tapar la acción ilegal de la señora Yidis en complicidad con miembros del alto Gobierno se propuso convocar a un acto legal de validación de su mandato, que además podría terminar en un proyecto de reelección camuflada de él y de todo el Congreso ahora ilegitimado por las vinculaciones con la parapolítica. Es esto lo que denomina pomposamente uno de sus asesores en alguna columna: "convocar al juez límite: el pueblo".
No sé si esta acción temeraria contra un fallo judicial y contra la separación de poderes, que es un elemento clave de la democracia, resultará exitosa, lo que sí puedo asegurar es que dentro de veinte o más años alguien se preguntará por el extraño ambiente que había en Colombia al empezar el siglo que veía como normal que una decisión elemental y lógica de un tribunal fuera cuestionada con tanta saña por el más alto funcionario del país.
La Corte Suprema no se atrevió a semejante osadía y procedió a condenar a Yidis con arreglo a las lógicas tradicionales del derecho.
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