Yesenia, Claudia y Charlotte tienen en común el amor por los niños, ser trabajadoras independientes y haber sido estafadas por la misma cooperativa de trabajo asociado.
Cada una de ellas asegura que conoce más gente y, a ese ritmo, la lista se multiplica: Elisa Duque, Carmen Osorio, Octavio Linares también fueron afectados.
La cooperativa en cuestión se denomina Asoasa, aunque algunas de sus comunicaciones aparecen remitidas desde Contratemos, registrada con el Nit 9000032619-0.
Los afectados denunciaron que, a pesar de haber cancelado oportunamente su obligación a salud, pensiones y ARP, la empresa no realizó los aportes correspondientes y, en consecuencia, no fueron atendidos en sus EPS.
Este diario intentó comunicarse en varias oportunidades con los directores de esta empresa y se acercó a la dirección registrada en la papelería, pero las puertas de esta oficina están cerradas y en los números de teléfono y telefax no contestan.
Claudia Urrego, quien remite el TIP con la denuncia, es dueña de un preescolar y, asegura, no le dan los gastos para cubrir todos los aportes parafiscales ni asumir las pensiones.
"Intenté afiliarme a la EPS como independiente pero no me aceptaron. Supe de esta cooperativa, en donde no nos exigían demasiados requisitos, y empecé a consignar mensualmente 73.000 pesos desde mayo de 2008. En diciembre tuve que ir a la EPS y no me atendieron por inconsistencia en los pagos".
En ese momento, Claudia Urrego se dio cuenta de que había sido asaltada en su buena fe. "Lo confirmé cuando el pasado 5 de junio me di cuenta de que apenas estaban pagando los meses de mayo y abril de este año. Decidí retirarme inmediatamente pero sé de varias personas que están padeciendo lo mismo que yo".
La intermediación laboral de la que Claudia fue objeto está prohibida por ley. Según el Decreto 4588 de 2006, el objeto social de las precooperativas (PCTA) y las cooperativas (CTA) "está dirigido a generar trabajo de manera autogestionaria para sus asociados y no hacer intermediación laboral".
Sanciones y liquidación
Para la Superintendencia de Economía Solidaria, entidad vigilante de estas empresas, el incumplimiento de esta disposición genera sanciones tanto para la entidad solidaria como para el tercero contratante de sus servicios. Por eso, junio pasado fue un mes crítico. La Supersolidaria anunció la investigación y posible cierre de más de 7.700 de sus vigiladas que, según indagaciones previas, incumplen la norma.
Lo anterior significa que, si bien no hay una cifra precisa, se cuentan por miles los afectados por este esquema bajo el que subyace la imposibilidad que tienen muchos trabajadores independientes de realizar la totalidad de los aportes obligados por ley.
El investigador laboral Carlos Arturo Cadavid aseguró que la sentencia de la Corte Constitucional T-550 del 2004 sugiere que las CTA deberían desaparecer del ordenamiento jurídico colombiano. "De hecho, y con sustento legal, se han convertido en fuente de violación de las normas laborales e internacionales, han contribuido de manera sistemática a la flexibilidad y a la precariedad laboral" expresó Cadavid.
Para cadavid, es tan visible el drama que afrontan los trabajadores vinculados a estas cooperativas "que las centrales obreras, en sus peticiones ante el Estado y ante organismos internacionales, están exigiendo, no su control y remozamiento sino su total eliminación, por considerarlas fuente de toda clase de inequidades".
Al respecto, la Supersolidaria advierte que mantendrá los controles y afinará la vigilancia. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado que violen las normas deberán asumir las consecuencias y enfrentar desde drásticas sanciones hasta la cancelación de la personería jurídica.
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