Con una fórmula ya más o menos conocida por el pueblo colombiano -"es un peligro para la sociedad"- el peor alcalde que Bogotá ha tenido en muchas décadas, Samuel Moreno Rojas, ha sido enviado a la cárcel por un juez penal. No está condenado ni ha sido aún declarado culpable de los graves delitos por los cuales es acusado por la Fiscalía General de la Nación, pues el juicio está pendiente.
Es a esta última entidad a la que le corresponderá encarar el juicio, como parte acusadora e investigadora, y ojalá se presente ante el juez con un acervo probatorio más contundente del que se ha visto hasta ahora.
Porque un proceso soportado meramente en testimonios no es tan sólido como debería ser. ¿Ha comprobado la Fiscalía las cuentas del alcalde, aquí o eventualmente en el exterior? ¿Puede demostrar documentalmente que ha tenido ingresos injustificados? ¿Depende el ente investigador sólo de las versiones que a cuentagotas entregan los contratistas, que dosifican sus intervenciones con la efectividad de un chantaje?
El alcalde Moreno Rojas ha sido señalado en múltiples declaraciones como participante y beneficiario de esa detestable modalidad de corrupción llamada "carrusel de la contratación", que no es sino una gran empresa delincuencial público-privada mediante la cual se pagan obras por cinco o diez veces su valor real, que nunca se inauguran porque o no se construyen, o no se terminan.
Por otro lado, no puede pasar desapercibida la contundente declaración del Polo Democrático, pidiendo perdón a los habitantes de Bogotá y diciendo, tal vez a su pesar pero muy claramente, que Moreno Rojas defraudó a todo el mundo, salvo a ciertos particulares que hicieron festín en ese oscuro mandato.
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