La decisión de revocar la medida de aseguramiento en contra del excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, tomada por la jueza 45 de conocimiento, es una muestra clara y contundente del camino equivocado y revanchista que recorría la Fiscalía General de la Nación en manos de una ficha política de uno de los presidentes más cuestionados en Colombia.
El sartal de delitos imputados al doctor Restrepo y las afirmaciones de la jueza de conocimiento en el sentido de que las pruebas son insuficientes y que no dan mérito para su encarcelamiento, aunado a las versiones diferentes y acomodadas (muy parecidas a las de Pitirri ante la Corte), son indicios muy certeros de la contaminación sesgada e interesada de esos órganos del poder público que, supuestamente, deben administrar justicia el uno e investigar con objetividad y profesionalismo el otro.
Esta decisión, la primera justa y proporcional, levantará algunas ronchas en los interesados políticos en dañar a Colombia y al Gobierno de Uribe y muy posiblemente solicitarán la apelación inmediata para revertirla, pero a su vez, abre el camino para que los 18 billones de pesos que cuestan las demandas a la Fiscalía General de la Nación, se incrementen en proporción geométrica debido a esas acciones bastardas, politizadas e inequitativas de personajes nefastos que llegaron allí por elección de una Corte prevaricadora, que indujo al actual ocupante del Palacio de Nariño a cambiar, violando hasta la lealtad, una terna propuesta e idónea por el anterior mandatario. Estos señores de la Corte cambiaron las reglas y sometieron al país a una situación espuria. La fiscal actuó concordante con su forma de llegar ese cargo.
¿Los colombianos debemos pagar esas cuantiosas indemnizaciones? Sí, si los organismos de control no empiezan desde ya a investigar y juzgar a quienes dolosamente actuaron, en perjuicio de la justicia y afectando a personas que, por sevicia y alevosía (ver sinónimos) están recluidas en cárceles, por acusaciones desproporcionadas e inclusive pueden ser inocentes pero están pagando el delito de haber trabajado en un gobierno que aporreó muy duro a la izquierda armada.
Algunos miembros de esa izquierda posan de intelectuales y se dan el lujo de estar en el Senado haciendo proselitismo en favor de negociaciones de paz y todas esas engañifas que acostumbran, o alcanzan dignidades a pesar de incumplir requisitos legales y se dedican a dañar lo que estaba bueno o a inventar lo ya inventado. Hasta sus mismos copartidarios se ven afectados por estos procederes que muestran simplemente inmadurez intelectual.
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