Los gobiernos de hoy no declaran el estado de excepción. No necesitan hacerlo. La excepción se volvió normal y nadie dice nada.
El estado de excepción fue declarado en Colombia de manera persistente durante décadas. Hoy es forma de gobierno; ya no se declara, pero está perfectamente instalado.
En el marco de las declaratorias de los estados de excepción, los gobiernos colombianos expidieron decretos excepcionalísimos, arguyendo necesidad, los cuales, posteriormente, convirtieron en legislación permanente, arguyendo conveniencia. En la actualidad, el Ejecutivo legisla y aquí no pasa nada. La necesidad y la conveniencia justifican todo.
Durante los estados de excepción en Colombia se cometieron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y se negaban con vehemencia; hoy, acontecen y las renombran "falsos positivos"; lo fantástico es que no pasa nada.
Este cambio en la forma de gobierno no es fortuito; es producto de una serie de operaciones dirigidas a conseguir la remoción de los límites al ejercicio del poder que anteriormente marcaban la diferencia entre lo excepcional y lo normal. En términos simples pero drásticos: se trata de la erosión del poder y su sustitución por formas de violencia y autoridad de excepción que encuentran justificación en la "necesidad".
Esta reflexión se basa en una relectura reciente de la obra de Giorgio Agamben, Estado de excepción (Homo sacer II, 1). El profesor italiano condensa en pocas páginas un rico estudio histórico y comparado de la figura del estado de excepción y documenta su generalización en muchos países del mundo. La obra ofrece elementos reveladores de cómo se gobierna en Colombia.
Sostiene Agamben que "el estado de excepción moderno es (?) un intento de incluir la excepción misma en el orden jurídico, creando una zona de indistinción en la que hecho y derecho coinciden". La clave para crear esa zona es convencer que es necesario actuar contra algo u ofrecer una cura.
Agamben destaca que "el concepto de necesidad es un concepto completamente subjetivo, que está en relación con la finalidad que se pretende conseguir".
El estado de necesidad tiene muchas caras: el desgobierno de las regiones, la inseguridad en las ciudades, el terrorismo que siempre acecha o la hecatombe que amenaza. La apelación a la necesidad de actuar facilita la utilización de formas extralegales para conseguir lo que se quiere.
Para ilustrar, tomo sólo una de las variantes del estado de necesidad frente al ejercicio del poder: la inseguridad. La generación del miedo al crimen es una de las formas mediante las cuales los gobiernos modernos convencen a los ciudadanos que la amenaza del delito es más grave que cualquier exceso gubernamental. La exageración calculada de los riesgos a los cuales se expone la ciudadanía genera el estado de necesidad y facilita la expansión del poder arbitrario y la licencia desenfrenada para torcer el derecho.
Sobre este punto destaca Agamben: "La declaración del estado de excepción ha sido sustituida de forma progresiva por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno".
Creada y creída la necesidad, la vida institucional del país transita por un ámbito ambiguo e incierto que debe ser atendido y remediado. Y para eso los discursos salvadores son perfectos. El yo-supremo, como "ley viviente", logra salirse de los límites del derecho y ser aplaudido.
Entre más se apela a la necesidad, el concepto-límite de lo permitido por el derecho adquiere mayor flexibilidad hasta conducir a la erección de una nueva forma de vida constitucional marcada por la excepción. Bajo las presiones del estado de excepción, la vida político-constitucional colombiana ha adquirido una nueva forma: el estado de excepción.
Y recuerdo, junto con Agamben, que la distinción entre un régimen construido sobre el paradigma de seguridad y un sistema totalitario "no es de naturaleza, sino de grado".
* Director del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia y profesor de la Universidad Externado de Colombia.
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