El socio barcelonista Jordi Cases, según confirmó su abogado Felipe Izquierdo, decidió ampliar la querella para solicitar ante la Audiencia Nacional, la imputación del presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu y del vicepresidente económico Javier Faus.
Así lo confirmó Felipe Izquierdo en declaraciones a TV3. Cases no desea que la carga financiera recaiga en el club barcelonista -que está imputado como persona jurídica en el caso-, sino que sean Bartomeu y Faus, además de Rosell, los que asuman con su patrimonio las acciones derivadas: multas y sanciones.
La otra razón esgrimida por el abogado de Cases son los tres contratos relacionados con el fichaje de Neymar, que son considerados como innecesarios.
Se refiere a los contratos de scouting de dos millones de euros, búsqueda de patrocinadores en Brasil (4 millones) y el de los 40 millones de euros, que según la directiva del Barça, se trata de una indemnización.
La decisión de Cases se produce una semana después de la declaración ante la Audiencia Nacional de Sandro Rosell y del director general, Antoni Rossich. En ambos casos, Rosell y Rossich desvincularon de la operación a Bartomeu y Faus.
Los servicios jurídicos del Barcelona están "tranquilos" ante una posible imputación del presidente del club, Josep Maria Bartomeu, y del vicepresidente económico, Javier Faus, por el fichaje del brasileño Neymar.
Faus, que presentó este martes el balance económico del ejercicio 2013-14, afirmó estar "absolutamente tranquilo", después de la declaración del director general, Antoni Rossich, y del expresidente Sandro Rosell.
"No hay una valoración oficial. Los servicios jurídicos del club nos manifestaron mucha tranquilidad, después de las declaraciones de Sandro Rosell y Antoni Rossich. El tema procesal quedaba claro después de estas declaraciones. Tenemos absoluta tranquilidad y creemos que no hay tema", comentó Faus.
El Barça ya depositó ante Hacienda 13,5 millones de euros con una declaración complementaria y realizó una provisión de 8,8 millones de euros más, que es el riesgo máximo evaluado desde la entidad.
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