Históricamente, la tributación se ha convertido en el principal mecanismo de financiación para sostener las funciones de los Estados en todos sus niveles a partir de permitir la sostenibilidad de los gastos de funcionamiento de la administración pública y el financiamiento de programas sociales para atender las necesidades de los grupos vulnerables en la sociedad.
Incluso, en algunos momentos, la mejor situación fiscal de los países como resultado de una buena política de recaudación tributaria, ha permitido actuar como un importante instrumento de política económica anticíclica para aliviar las pérdidas de bienestar que resultan de profundos desequilibrios económicos.
Igualmente, los impuestos, además de proveer recursos para el funcionamiento de los Estados, también se han concebido como un poderoso instrumento para impulsar el desarrollo, especialmente por el efecto que producen los tributos directos sobre la inversión productiva, así como los efectos que se pueden derivar de los impuestos a la nómina sobre la reducción de los niveles de informalidad en el mercado laboral.
Frente al caso de los impuestos a la renta empresarial, se observa una disminución de sus tasas nominales en un número importante de países de la región incluyendo Colombia, que en la última reforma tributaria redujo la tarifa del impuesto de renta para sociedades de 33 por ciento a 25 por ciento.
Este proceso ha tenido como soporte un cambio ideológico que ha permitido la búsqueda de mejoras en la competitividad, tratando de favorecer a un sector privado pujante, generador de empleo formal e innovador.
Así mismo, este nuevo esquema de tarifas va de la mano de la promoción de una mayor competencia internacional que busca atraer inversiones y retener el ahorro local en un contexto de una fuerte movilidad del capital.
Pese a lo anterior y a pesar del buen momento que registra la recaudación impositiva en el país, impulsada entre otra razones por el auge en los precios del petróleo y la mejora en la administración de los impuestos por parte de la Dian, la calidad de nuestro sistema tributario se cuestiona de manera permanente por tener una base estrecha y frágil al ser inequitativo, insuficiente, regresivo y lleno de exenciones y privilegios para muchas actividades, sectores empresariales o grupos de contribuyentes; lo cual a todas luces, limita las posibilidades de contribuir con el desarrollo y la competitividad.
Adicionalmente, de acuerdo con el informe Doing Business, Colombia presenta una carga total de impuestos sobre las utilidades muy alta a nivel internacional, asciende a 74,8 por ciento, superior en casi 27 puntos al promedio de América Latina.
Las mayores diferencias obedecen a los impuestos laborales y las contribuciones a la seguridad social.
En esta dirección, la alternativa de transitar hacia sistemas tributarios sencillos y con bases amplias con el ánimo de favorecer un entorno favorable para la innovación y la creación de empresas, es una de las tareas más seguras para lograr un crecimiento más rápido de la productividad y una mejora sostenible del bienestar y la equidad en la región.
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