Las inoportunas y "salomónicas" declaraciones de la Canciller María Ángela Holguín en torno al litigio limítrofe con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya podrían convertirse en un grave y costoso error diplomático para Colombia.
Decir que no podemos estar seguros de que el fallo en el Tribunal de La Haya sea totalmente favorable a los intereses de Colombia es cierto, pero en boca de la titular de las relaciones internacionales es un aval a los jueces para que así sea.
Es más, hablar de "fallos salomónicos" por parte de los togados de La Haya es, en otras palabras, asegurar que los jueces toman decisiones a su amaño, y no en derecho. Una afirmación que se vuelve no sólo irrespetuosa, sino comprometedora para nuestro país.
La fogosidad le ha jugado una mala pasada a la Canciller, y el arduo trabajo adelantado por los abogados internacionales y los agentes de Colombia ante la CIJ ahora no garantiza que podamos salir, como lo creíamos, ilesos de tan desgastante y costoso litigio con Nicaragua.
Alguien le debió decir a la doctora Holguín, si es que hay unidad de mando como lo presume el Gobierno, que en Derecho Internacional existen dos opiniones que comprometen directamente al Estado, y son las que expresan el Presidente de la República y la Canciller.
Razón suficiente para que ninguno de los dos hablara del tema en este momento de alegatos orales en La Haya, y menos en la peligrosa dirección en que lo hizo la Ministra de Relaciones Exteriores.
Los buenos vientos que soplaban para Holguín después de la Cumbre de las Américas en Cartagena podrían convertirse en una tormenta política. De hecho, ya provocaron la airada reacción de una parte del Congreso colombiano, que consideró "irresponsables" las declaraciones de la Canciller, y se promueve una moción de censura en su contra.
El "papayazo" colombiano ya está siendo capitalizado en Nicaragua y más temprano que tarde lo aprovecharán los amigotes de Daniel Ortega, es decir, el Alba en pleno, para ejercer una presión internacional que favorezca los intereses de Managua.
Ya Colombia había estado a punto de cometer otra torpeza diplomática que favorecía a Venezuela en el caso de Los Monjes, cuando, siendo canciller María Emma Mejía, se pretendió aprobar en el Congreso colombiano un intercambio de notas entre ambos países, en las que prácticamente se aceptaba la soberanía de Caracas sobre esos islotes. Sobre la hora, esa aprobación se logró parar en el Legislativo y el proceso quedó congelado. Se mantiene la disputa.
Es claro que en un litigio cualquier cosa puede pasar, pero lo que no es lógico aceptar es que sea nuestra Canciller la que abone el terreno para que la justicia internacional desconozca la soberanía que, histórica, legítima y pacíficamente, ha ejercido Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla, Quitasueño y Alburquerque, entre otros.
Y no ha sido de forma salomónica, sino en derecho.
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