Ahora cuando se abre nuevamente el juicio al general Rito Alejo Delgado es bueno ahondar en el significado de su misión en la brigada XVII y desarrollar un debate entre las Fuerzas Armadas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. El día en que se rompa la solidaridad de cuerpo y no se toleren estas acciones en las Fuerzas Militares se acabarán o se reducirán al mínimo las violaciones flagrantes a los derechos humanos.
Entre 1994 y 1997 en la región de Urabá se ensayó el modelo de gobierno paramilitar que luego se pondría en práctica en más de doscientos cincuenta municipios del país. De manera que una revisión juiciosa a todo lo que aconteció en esta zona en esos años es decisiva para la democracia. Aprender de Urabá es la mejor manera de conjurar el fantasma paramilitar que ahora vuelve a aparecer en tantos departamentos y regiones bajo oscuros liderazgos y nombres diversos.
Las declaraciones de los jefes paramilitares Fredy Rendón, Salvatore Mancuso y HH, han venido a corroborar lo que todo el mundo sabía: que en Urabá se gestó una gran alianza entre dirigentes políticos, Fuerzas Armadas, narcotraficantes, compañías multinacionales, empresarios privados y paramilitares con cierta anuencia de la iglesia, para imponer un régimen de terror, pacificar la región y consolidar una nueva forma de gobernar.
Este modelo se lo inventó Carlos Castaño. Fue una obra tan finamente tejida y tan eficaz que logró despertar la admiración de buena parte de la dirigencia nacional. Castaño se encontró con una justificación nada desdeñable: en la región se puso en práctica, desde mediados de los años ochenta, la "combinación de todas las formas de lucha" por parte de la guerrilla. Estas fuerzas a la vez que combatían con las armas ejercían su influencia en los sindicatos y en las alcaldías para demandar reivindicaciones salariales y desarrollar su poder político a través de la Unión Patriótica y al Frente Popular.
Las compañías multinacionales y el sector privado afrontaron huelgas sucesivas de los obreros bananeros y los dirigentes de los partidos liberal y conservador perdieron su dominio a manos de estas nuevas agrupaciones de izquierda. Fue cuando llegó Carlos Castaño para ofrecer su servicio de seguridad desatando una verdadera masacre entre los líderes sindicales y políticos que habían tenido la osadía de establecer nexos con la insurgencia. Los empresarios pagaron, los militares ayudaron, los dirigentes políticos se sumaron gustosos a la tragedia, la iglesia miró para otro lado.
El clímax de este modelo tuvo su ocurrencia entre los años 1996 y 1998 cuando llegó a la región el general Rito Alejo Delgado y en la Gobernación de Antioquia se encontraba el doctor Álvaro Uribe Vélez. El observatorio de derechos humanos de la Vicepresidencia de la República sitúa la cifra de homicidios en 1.456 en 1996 y 808 en 1997. Para ese tiempo fueron reconquistadas las diez alcaldías que había obtenido la izquierda y los sindicatos optaron por una posición congruente con las orientaciones del sector privado.
Luego este modelo se trasladaría a otras regiones. De Urabá y de Córdoba saldrían contingentes de paramilitares para el sur y el oriente del país en aviones auspiciados por los militares o en camiones que pasaban tranquilamente infinidad de retenes. El horror se multiplicó hasta el infinito. Tanto que hoy la Fiscalía habla de diez mil desaparecidos y tres mil doscientas fosas comunes y las estadísticas oficiales registran cerca de tres millones de desplazados.
En algunos debates públicos me he encontrado con antiguos miembros de la UP que me reprochan que reconozca que el nexo entre la izquierda legal y la guerrilla se convirtió en un pretexto para que Castaño lograra congregar a su alrededor a las élites regionales y les he respondido que lo mejor es desnudar esta realidad y al mismo tiempo levantar la voz para señalar que aún así el Estado tenía que responder desde el derecho y la legalidad, que debía y podía haber llevado a juicio a los sindicalistas y dirigentes políticos. Que nunca estaba autorizado para desplazar, torturar, asesinar y masacrar a los pobladores.
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