Todos los habitantes de la urbe quieren participar del progreso en infraestructura, como beneficio no solo particular si no, ante todo, social.
Nadie se opone al mejoramiento vial ni a la construcción de vías que puedan reportar beneficios de tiempo y conectividad, que permitan contrarrestar el cada vez mayor malgasto de tiempo entre el caótico tráfico automotor.
Pero todo eso cuesta. Y mucho, en términos económicos. Que hay que pagar. Y es ahí donde la diferencia entre la visión del Gobierno y la de una parte importante de la ciudadanía toma caminos divergentes.
Muchos ciudadanos consideran, con buenas razones, que ya es suficiente con el pago de tantos impuestos que gravan la propiedad inmueble, como el predial o el de catastro. Los gobernantes ripostan diciendo que quien se beneficia de una obra debe pagar por lo menos de forma proporcional a los beneficios que recibe (plusvalías, valorizaciones) incluso cuando objetivamente la propiedad no se valoriza, sino que hasta pierde valor comercial, al quedar, algunas veces, casi que sepultada por la nueva obra.
En el caso de El Poblado, con las 24 obras viales proyectadas, varias de ellas ya en ejecución, no es posible demostrar que todos los inmuebles cobijados por la resolución del derrame de la contribución van a ser objeto de una plusvalía. Por el contrario, hay una cantidad de viviendas, edificios residenciales y locales comerciales que por la proximidad de las vías e intercambios viales van a recibir un impacto negativo, por el constante flujo de vehículos.
Por eso, este derrame de valorización, el más cuantioso en la historia de Medellín, concentrado en un solo sector de la ciudad, implica un gran reto para la Administración Municipal, en términos de claridad y equidad en los cobros.
Cuando no se puede demostrar que los inmuebles se van a valorizar, la Administración se expone a que prosperen las demandas. Resulta imperativo que en los días que vienen, y cuando el malestar se va a ir acentuando a medida que las personas reciban la notificación del cobro, sobre las facturas que les llegarán mensualmente, los funcionarios tengan la más amplia disposición para escuchar y resolver casos concretos.
Hemos sido partidarios de la valorización por considerarla un instrumento que en el pasado demostró sus bondades para la ejecución de importantes obras públicas.
Incorpora este sistema un elemento de redistribución para que recursos de inversión del Municipio puedan ser utilizados en sectores que no pueden pagar por las obras que requieren y que además generan empleo no calificado y masivo.
Medellín fue pionera en su implementación y la réplica en otras ciudades del país en forma más extendida como en Bogotá y Cali, y en proyectos muy puntuales en otras ciudades del país, ha mostrado sus ventajas.
De ahí la importancia de preservarlo siempre y cuando se ponga a salvo de cualquier deficiente implementación que lo haga inviable a futuro. Por eso el llamado a mantener las puertas abiertas para que el ciudadano obtenga todas las respuestas y se atiendan los casos que ameriten una revisión.
A propósito, el Municipio tiene que activar los mecanismos de recuperación de cartera de otros impuestos municipales como el predial y el de industria y comercio, o el cobro de las obligaciones urbanísticas morosas, para nutrir sus arcas y así hacer menos gravosa la carga de los obligados al pago de valorización, hoy presos de fundados motivos de incertidumbre.
LA MOVILIDAD NO VALORIZA LOS INMUEBLES
johel moreno
Ingeniero, expresidente de la Sociedad Antioqueña de Arquitectos e Ingenieros (SAI)
El Poblado ha sido la zona de la ciudad que más ha contribuido a la formación del catastro municipal y la más gravada con contribuciones de valorización, pero con obras que en su tiempo, sí generaron plusvalía.
La presión mercantilista, con el beneplácito de la administración municipal y la aprobación del Concejo municipal, modificó la normatividad e incrementó los índices de ocupación y densidades; se desbordaron los límites para los cuales se construyó la infraestructura y es la razón por la cual cada día se agudiza más el problema de movilidad.
El cuestionado intercambio de la 4sur, que no ha resuelto el problema de la movilidad y ha generado congestiones vehiculares donde antes no lo había y su exagerado costo va a ser ¨derramado¨ en las comunas de Guayabal y El poblado, no será una decisión justa ni equitativa y la resolución que determinará los nuevos impuestos a pagar, que no contribuciones, aún está por demostrar si las obras generarán un mayor valor de los bienes inmuebles; los proyectos anunciados son para resolver problemas de movilidad, y en algunos casos, por la cercanía a los puentes y vías ocasionarán minusvalía o un detrimento patrimonial.
El problema actual de una infraestructura colapsada es diferente y no se resuelve con más valorizaciones y su mejoramiento y costos, debe corresponder al municipio con los recursos provenientes de los impuestos.
