Esta administración debe acabar con la aplicación malversada de los recursos de Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y desmantelar la red de responsables, que han permitido que en los estratos cuatro, cinco y seis de la ciudad, se construyan apartamentos con dineros que deberían emplearse, en soluciones de vivienda digna para los estratos uno, dos y tres.
Mediante esta conducta, por demás criminal, algunos contratistas de la obras VIP (poco o nada reconocidos) gozan de ventajas tributarias y notariales como exenciones en los pagos de retención en la fuente, impuestos de construcción, escritura y registro, y el reintegro del IVA pagado por los materiales. Igualmente aprovechan que el POT de Medellín no estableció las áreas donde se podían desarrollar este tipo de proyectos y por ahí “meten el gol”.
La herida se abre cuando se conoce que entre los contratistas figuran “oficinudos” como “los chatas‘ y “los pachelli”, mafiosos y matones que pretenden engañar al sistema, lavar sus puercos dineros en el tesoro público y obtener rentabilidad, impidiendo de paso, conseguir casa a más de uno.
El Banco Interamericano de Desarrollo, advirtió esta semana en el encuentro de Ministros de Vivienda de Iberoamérica realizado en Medellín (con participación de 12 países), lo que denominaron una “crisis habitacional sin precedentes”. Reunión que se realizó en medio de la polvareda levantada en los medios, por las denuncias frente a los malos manejos de la política de VIP en Medellín. ¡Qué vergüenza con los doctores!
El Líder de Investigaciones del BID, afirmó que en esta “crisis habitacional”, las dificultades más comunes para el acceso a vivienda, son la incapacidad para acceder a créditos, la informalidad como sustento (falta de empleo), el poco suelo urbanizable y la ausencia de diferentes instrumentos financieros, como el leasing.
Elementos secundarios para el caso nuestro, porque hay un enemigo mayor, que es la corrupción; cultural, multisectorial, transversal, que mata la moral y la ética, la honra y la buena fe, que es politizada y mediatizada, y lastimosamente poco atendida desde lo “intravenoso”. Suena “fajardista” la cosa, pero es la pura verdad.
El BID también presentó el trabajo “Un espacio para el desarrollo” (radiografía de las condiciones de acceso a vivienda digna en 18 países), en el que se plantea, que en la ciudad de Medellín, “al 40 por ciento de las familias no les alcanza para tener una vivienda formal”, y que “el 25 por ciento considera que sus ingresos son demasiado bajos para soñar con una casa digna”.
El panorama es negro, considerando la construcción 10 mil VIP en la ciudad, sin garantías sobre la transparencia en la destinación de recursos y en la aplicación de la norma, y las evidencias de una empresa criminal organizada en concierto y constituida por algunas bandas delincuenciales, curadurías y representantes del gremio de la construcción y de los organismos de control y vigilancia.
Es hora de intervenir las curadurías, instancias corruptas alejadas de su objeto, que sirven para expedir licencias a diestra y siniestra, al mejor postor, socavando el bienestar colectivo. Tampoco me creo la inocencia de los curadores y constructores que están en tela de juicio.
NOTA: El concepto VIP no significa “very important person”, como lo han promovido algunos “very important patos”.
Pico y Placa Medellín
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2 y 8
