El desplazamiento forzado en los barrios de Medellín volvió a dispararse. Como van las cosas, este podría ser el año en el que más personas han tenido que abandonar sus casas como consecuencia del conflicto armado.
Sólo en siete meses (entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año) se han recibido 1.962 declaraciones de personas que han huido de sus comunas hacia otros sectores de la ciudad.
Según la Personería de Medellín, las cifras superan las del 2004 (472 declaraciones), las del 2005 (415), las del 2006 (776), las del 2007 (1.069) y las del 2008 (1.826 declaraciones).
Para el Centro de Investigaciones Urbanas de Corpades, la razón del fenómeno sería el cruento enfrentamiento entre las bandas cooptadas por la mafia y viejas estructuras paramilitares, para controlar un ejército de 7.000 hombres (200 bandas) y un negocio de 150.000 millones de pesos (entre vacunas al comercio y al transporte, extorsiones, plazas de vicio, pagadiarios, mercado negro de armas y narcotráfico).
Robo de niños
Según Jairo Herrán, personero municipal, la principal razón que está obligando a las familias a huir de los barrios es para evitar que sus hijos sean reclutados a la fuerza.
"La utilización o captación de adolescentes e incluso niños, para los grupos armados ilegales, es una de las principales causas que está generando el desplazamiento, como un mecanismo de protección de sus familias", dice el funcionario.
"Los chicos que ya hacen parte de esos grupos y quieren salirse, también se ven obligados a desplazarse. Igualmente personas desmovilizadas que tienen conocimiento de armas, explosivos, que tienen algún entrenamiento militar, son vistas por los grupos ilegales como mano de obra calificada", agrega Herrán.
Alicia* corrobora esta información. Ella salió de un barrio de la comuna 13 con su familia para evitar que uno de los combos de esa zona se llevara a uno de sus muchachos.
"Yo me tuve que desplazar por amenazas de los paramilitares porque venía siendo víctima de la vacuna semanal, y soporté mucho tiempo esta vacuna, pero un día fueron a sacar a mi hijo de 12 años. Lo querían para llevárselo", dice.
Rosa Emilia Cadavid, misionera de la comunidad de la Madre Laura, asegura que los casos más dolorosos son los desplazamientos que se generan a raíz de los reclutamientos forzados que están haciendo a los menores de edad.
"Muchos, por no perder a sus hijos, más bien deciden irse del barrio porque no quieren ver a los hijos ahí, otros desafortunadamente como no tienen a dónde irse, se tienen que quedar y dejar a la familia y a los hijos sometidos a que se los asesinen", señala la religiosa.
La Alcaldía interviene
Luz Patricia Correa, gerente de Desplazamiento de la Alcaldía de Medellín, reconoce que en la Administración Municipal hay una "preocupación enorme" por la situación que se está registrando en algunos barrios de la ciudad.
"Ahora hay una intervención unificada del Municipio para prevenir este tipo de situaciones, de hecho nosotros en este momento implementamos un protocolo de atención inmediata que nos permita prevenir algunas situaciones de riesgo en los barrios".
Y agrega que "tan pronto a nosotros nos notifican que es posible que haya una salida de personas en los barrios, inmediatamente nos vamos como Administración Municipal a atender a la gente. Se envía más Fuerza Pública, finalmente lo que la gente pide es seguridad".
Casas desprotegidas
El Programa de Víctimas, de la Alcaldía, también hace su parte. Este año sus funcionarios se han concentrado en la devolución de 105 inmuebles que han sido abandonados luego del desplazamiento de sus dueños, en las comunas 13, 8, 1 y el corregimiento de San Cristóbal.
"Nosotros no recibimos denuncias, lo que no significa que el problema no exista, pero hay que tener en cuenta que no todos los que se desplazan lo hacen como consecuencia del conflicto, a veces es por problemas de vecinos", dice Gabriel Bustamante, coordinador del programa.
Sin embargo, aunque la Corte Constitucional reconoció desde hace seis años a los desplazados intraurbanos, todavía no hay una política clara para proteger sus bienes como sí la hay para los inmuebles rurales.
Acción Social por su parte, y contrario a las críticas que le hace el Ministerio Público, ha incluido en el Registro Único de Personas Desplazadas a 1.297 personas, es decir, al 70 por ciento de las que han declarado. Todas han sido atendidas.
*Nombre cambiado
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
