En las últimas tres semanas, la propuesta de formalizar 9,5 millones de hectáreas en 54 Zonas de Reservas Campesinas armó un debate en el país cuando las Farc retomaron la iniciativa en la mesa de negociación en Cuba. La polémica no termina.
Mientras para un amplio sector campesino, y personas que interpretan la concentración de la tierra en el país como una causa histórica del conflicto armado, es una iniciativa que favorece el desarrollo agrario, otras voces advierten que la guerrilla busca aprovecharse para crear “repúblicas independientes”, que dominarían tras una eventual desmovilización.
La guerrilla no solo revivió el tema, sino que aumentó la polémica cuando sus negociadores en el proceso de paz apoyaron el encuentro de las asociaciones campesinas que promueven las zonas, realizado en San Vicente del Caguán.
Pero más allá del ruido y el cruce de declaraciones a favor y en contra de estas zonas, la opinión pública en general poco conoce de su historia y funcionamiento. Incluso, ya existen seis en el país.
Por eso El Colombiano indagó en las leyes que crearon esta figura y consultó con expertos en el tema agrario y el Ministerio de Agricultura las bondades o riesgos de conformar más áreas de estas.
La conclusión es que son legales, que hay varias en trámite cuya conformación depende de las necesidades no solo campesinas sino productivas, en zonas sin presencia de grupos armados ilegales. Y lo más importante, según el Gobierno, sin la autonomía administrativa que la guerrilla reclama.
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