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Contraloría indaga posibles sobrecostos en contratos del CNE para elecciones de 2026

El ente de control trata de establecer si durante la celebración y ejecución de estos contratos hubo irregularidades.

  • Consejo Nacional Electoral, CNE. Foto: Colprensa
    Consejo Nacional Electoral, CNE. Foto: Colprensa
hace 3 horas
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La Contraloría abrió una indagación preliminar sobre los contratos suscritos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para capacitar y acreditar a los testigos electorales que participarán en las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026.

La actuación del organismo de control busca determinar si durante la celebración y ejecución de estos contratos se presentaron posibles irregularidades, deficiencias en el manejo de los recursos públicos o eventuales sobrecostos.

El órgano de control solicitó la relación de la contratación suscrita por el CNE y la Unión Temporal Actores Electorales 2026, así como de sus integrantes LinkTic, con participación del 95 %, y BexTechnology, con 5 %.

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La decisión se adopta ante los cuestionamientos allegados a la entidad que están relacionados con la ejecución de contratos destinados, entre otros componentes, a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales.

“La apertura de esta actuación no implica una declaratoria de responsabilidad, sino el inicio de las verificaciones correspondientes por parte del organismo de control”, dio a conocer la Contraloría.

El órgano de control solicitó la relación de la contratación en la que se especifique para cada contrato: fechas de inicio y terminación, valor del contrato, objeto, estado del contrato e interventor y/o supervisor.

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Asimismo, solicitó la relación de los pagos realizados hasta la fecha en cada uno de los contratos, con el propósito de contrastar los desembolsos con las actividades efectivamente ejecutadas y establecer si los valores pagados se ajustan a las condiciones pactadas y a los precios del mercado.

La entidad recordó que, en ejercicio de sus competencias, puede requerir, conocer y examinar toda la información relacionada con hechos, operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución que involucren recursos públicos o puedan afectar bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública.

Hay que recordar que el Congreso eligió a Jorge Eliécer Laverde Vargas como el nuevo contralor para el periodo constitucional 2026-2030.

La votación se llevó a cabo el pasado 12 de agosto en una sesión conjunta en pleno, donde obtuvo un respaldo de 269 votos a favor de un total de 279 congresistas presentes.

Laverde logró alianzas multipartidistas que incluyeron el respaldo de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador y el Partido de la U.

Reemplazó en las funciones de control fiscal a Carlos Hernán Rodríguez. Es abogado y trabajó durante más de una década como secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República.

Las críticas al contralor Laverde

Laverde ha sido cuestionado porque publicó dos libros en tiempo récord que lo ayudaron a ser elegido para su nuevo cargo.

Según informó La Silla Vacía, los presentó el 5 de febrero, una semana después de que el Congreso abrió la convocatoria para entregar el cargo.

Ahí hay algo clave: con estos libros, Laverde pasó del séptimo lugar, en el que estaba tras la prueba escrita, hasta el tercero, tras su revisión de la hoja de vida y sus nuevos libros.

Esto se debe a que uno de los parámetros de calificación de las hojas de vida es la experiencia profesional; y, en ella, se incluye la publicación de libros y artículos académicos.

Es así: 20 % prueba escrita, 25 % formación profesional, 20 % una entrevista y 35 % que se promediaba entre experiencia profesional. Dentro de ese último hay experiencia profesional general (máximo 30 puntos), experiencia específica en control fiscal (máx. 25), experiencia de docente (máx. 10) y publicación de libros o artículos (máx. 35).

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Laverde no tenía experiencia profesional específica en control fiscal, por lo que obtuvo 0 de 25 puntos en ese apartado. Sin embargo, como presentó dos libros, logró el máximo de 35 puntos. Es decir, al ponderarlo, los libros le aportaron 12,25 puntos adicionales a su calificación final de 82,89, clave para haber sido uno de los finalistas del concurso.

Los concursantes podían anexar los libros o artículos que, de cumplir con parámetros de registro ISBN (International Standard Book Number) y estar relacionados con temas de control fiscal, responsabilidad fiscal o funcionamiento de la Contraloría o gerencia pública.

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Estos libros son “IA (Inteligencia Artificial) aplicada al control fiscal en Colombia” y “El control fiscal desde el Congreso”; ambos publicados por una editorial latinoamericana llamada “Instituto Latinoamericano de Altos Estudios” o Ilae, quien los publicó y registró en el ISBN un mismo día, el 5 de febrero.

Preguntas y respuestas

¿Por qué la Contraloría abrió una indagación sobre los contratos del CNE?
La Contraloría busca establecer si en los contratos para capacitar y acreditar a los testigos electorales de las elecciones de 2026 hubo posibles irregularidades, deficiencias en el manejo de recursos públicos o sobrecostos.
¿Qué contratos están bajo revisión?
La actuación incluye los contratos suscritos por el CNE con la Unión Temporal Actores Electorales 2026, integrada por LinkTic, con el 95 % de participación, y BexTechnology, con el 5 %. La revisión abarca servicios tecnológicos, ciberseguridad, cartillas y capacitación.
¿Qué información pidió la Contraloría?
El organismo solicitó datos sobre cada contrato, como fechas de ejecución, valor, objeto, estado, interventor o supervisor y pagos realizados. También busca comparar los desembolsos con las actividades ejecutadas y los precios del mercado.
¿La indagación significa que ya se establecieron responsabilidades?
No. La apertura de la actuación no constituye una declaratoria de responsabilidad. Se trata de una etapa preliminar en la que la Contraloría verificará si existieron irregularidades que pudieran afectar recursos o intereses patrimoniales públicos.

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