El Ministerio de Educación busca reformar la educación con un proyecto que cambiaría la forma de contratar la prestación de servicios de los colegios públicos con terceros, abriendo la puerta a privados y a las iglesias.
La iniciativa se encuentra en consulta pública y su objetivo principal es solucionar un vacío del Decreto 1075 de 2015, el cual no diferencia con claridad entre los terceros que sustituyen a la entidad territorial (Estado) y aquellos que actúan meramente como colaboradores en la administración escolar.
En el documento que plantea el proyecto se expresa que el Gobierno Nacional busca delimitar con exactitud las obligaciones de los contratistas en aspectos cruciales como la calidad, eficiencia, jornada única y las metas de cobertura educativa nacional.
El proyecto plantea que quien contrate con los colegios oficiales cumpla con requisitos de accesibilidad, es decir, que garantice el cupo escolar a todos los niños y jóvenes, incluso ante insuficiencias de la red pública; eficiencia al optimizar al máximo los recursos humanos, físicos y financieros; y calidad asegurando ambientes escolares y procesos pedagógicos adecuados para la formación integral.
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En la lista de criterios para quienes contraten con las entidades territoriales certificadas (ETC) también se contempla el reconocimiento de diferencias étnicas, geográficas, culturales y sociales para ofrecer pertinencia y la ejecución de los contratos de manera simultánea con el inicio del calendario escolar oficial.
¿Cómo se podría contratar a privados e iglesias para la operación de los colegios no oficiales?
Dentro de la propuesta del Ministerio de Educación se plantea la contratación de privados por parte de instituciones oficiales como una medida de carácter excepcional, pues las entidades territoriales podrían acudir a estas si se demuestran algunas condiciones.
La primordial es que la ETC demuestre técnicamente que en sus colegios públicos no haya capacidad por falta de planta docente, directiva o de infraestructura física. En caso de aplicar, podrán establecer un contrato de prestación de servicios educativos ordinarios por un año lectivo. También se puede contratar directamente con aquellos establecimientos privados que estén clasificados específicamente en la categoría A+ o certificados de alta calidad.
En el caso de las iglesias, se pueden establecer contratos de apoyo a la administración, que significan que no sustituyen al Estado como prestador del servicio; la entidad pública sigue siendo la titular y responsable de la educación.
Las iglesias podrán intervenir para aportar lo que la entidad territorial no sea capaz de cubrir y que haga parte de la canasta educativa, esto puede ser recurso humano como docentes y directivos, material educativo, gastos de administración, apoyos nutricionales y profesionales de apoyo como sicólogos y terapeutas.
- ¿En qué casos el Ministerio de Educación permitiría contratar privados para operar colegios públicos?
- La contratación de privados sería excepcional y solo procedería cuando una entidad territorial certificada demuestre técnicamente que su red pública no tiene capacidad suficiente por falta de docentes, directivos o infraestructura.
- ¿Qué papel podrían tener las iglesias en la administración de colegios públicos?
- Las iglesias podrían apoyar la administración mediante contratos que no sustituyen al Estado como responsable del servicio educativo. Podrían aportar docentes, directivos, materiales, apoyos nutricionales, gastos administrativos y profesionales como psicólogos y terapeutas.
- ¿Qué está prohibido en los contratos de colegios públicos con privados o iglesias?
- El proyecto prohíbe dejar de vincular docentes y directivos de la planta oficial, contratar personal mediante cooperativas de trabajo asociado o bolsas de empleo y cobrar a las familias por servicios incluidos en la canasta pactada.
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