El magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, podría enfrentarse a una investigación penal y disciplinaria. Esto, después de que la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia pidiera a la Comisión de Acusación de la Cámara que abriera estos procesos en su contra.
Este domingo 14 de septiembre, el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó ante el presidente de esa Comisión una denuncia y una queja disciplinaria contra Fernández, en la que pide determinar si este tiene algún tipo de responsabilidad penal o disciplinaria. Esto, con respecto a los hechos revelados por Cambio este fin de semana.
Según expuso ese medio, la Fiscalía conocía desde 2024 los registros telefónicos y mensajes que hoy vinculan al magistrado Fernández con Olmedo López y Sneyder Pinilla, protagonistas del escándalo de corrupción de la UNGRD.
Sin embargo, pese a que el material quedó incorporado al expediente de ese caso de corrupción, el ente acusador no compulsó copias ni abrió una investigación contra el entonces secretario jurídico de la Presidencia y hoy magistrado de la Corte Constitucional.
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Delitos denunciados tras revelaciones sobre pagos y chats
Entonces, en su denuncia, la Red de Veedurías citaría expresamente disposiciones del Código Penal relacionadas con los delitos de cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por omisión y omisión de denuncia de servidor público y “otros por determinar”.
Para explicar cada uno, el cohecho propio implica recibir para sí u otro un dinero o utilidad para retardar u omitir un acto propio de su cargo. Mientras tanto, el cohecho para dar u ofrecer se relaciona con ofrecer o entregar dinero a un servidor público para ciertos fines.
Por su parte, el tráfico de influencias tiene que ver con usar las influencias del cargo para obtener beneficios de otro funcionario. El prevaricato por omisión habla de aquel servidor que omita o niegue un acto propio de sus funciones.
También incluiría normas del Código General Disciplinario, como la falta gravísima por comisión de delitos y la violación al régimen de incompatibilidades e imparcialidad. Esto último tiene que ver con prestar asesorías o intermediaciones indebidas valiéndose de su cargo o de relaciones derivadas de este.
Ahora bien, hay una precisión, y es que el hecho de que las conductas sean mencionadas en la denuncia no implica que Fernández haya incurrido en ellas. Concluir si existe, siquiera, mérito para investigar, depende de las autoridades.
Concretamente, la Red pide que se abra la investigación y que se le informe del trámite que se le dé al expediente. Su presidente, Pablo Bustos, habló de su disposición a ampliar la denuncia de ser requerido. Ante eso, la primera decisión está en manos de la Comisión de Acusaciones.
Cronología del 9 de enero: Los chats entre Fernández, Olmedo y Pinilla
En la investigación periodística sobre la que se basa la denuncia, se revelaron una serie de registros telefónicos y conversaciones de WhatsApp del 9 de enero de 2024.
En ellos se lee como propósito ubicar el apartamento de la abogada Irma Solangel Torres, hasta donde se desplazó Sneyder Pinilla bajo una instrucción concreta: “entregar $”.
De hecho, uno de los periodistas que investigó y escribió el artículo, comunicó en X: “Ya siendo magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, habría recibido plata de Olmedo y Sneyder a través de una conjuez de la corte. Todo lo tenía la Fiscalía desde 2024 y decidió ignorarlo”.
La secuencia de conversaciones ocurrió durante unas seis horas y quedó registrada en llamadas, mensajes y datos de ubicación del inmueble. Pese a que este material quedó en el expediente, la Fiscalía no compulsó copias ni abrió una indagación contra el magistrado aforado.
Antes de viajar a Bogotá, Sneyder Pinilla le informó a su pareja que debía ir a “entregar $”. Al mismo tiempo, escribió a Miguel, conductor de la UNGRD, el mensaje “ya a volar”, a lo que el conductor respondió que estaba atento.
Después de aterrizar en Bogotá, entre las 4:00 y las 5:30 de la tarde, Pinilla y Olmedo López sostuvieron seis llamadas telefónicas mientras el exsubdirector y el conductor se desplazaban hacia el barrio Pablo VI, en el occidente de Bogotá.
A las 5:35 p. m., López escribió al contacto identificado como Vladimir Fernández: “Recuérdeme el apartamento”. El mensaje muestra que, en ese momento, ni López ni Pinilla tenían claridad sobre el número del inmueble ni sobre la persona exacta que recibiría el dinero.
Doce minutos después, a las 5:47 p. m., desde el chat asociado a Fernández fue reenviada a López la indicación “Torre 2”. Veinte segundos después llegó otro mensaje: “112”.
López reenvió de inmediato ambos datos a Pinilla. El expediente, sin embargo, hace una precisión: el mensaje con el número del apartamento salió de una línea telefónica distinta de la registrada a nombre del magistrado Fernández.
A las 5:50 p. m., desde el usuario de Fernández llegó un mensaje con un signo de interrogación: “?”. López se comunicó entonces por teléfono con Pinilla y le respondió que el subdirector ya se encontraba “en sitio”.
Nueve minutos después, a las 5:59 p. m., Pinilla recibió un mensaje con la palabra “hola” desde el número de la abogada Irma Solangel Torres. El entonces subdirector guardó el contacto y respondió: “listo”.
La reconstrucción de las comunicaciones ubica en ese intervalo de aproximadamente diez minutos la ventana en la que habría ocurrido la presunta entrega del dinero.
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La jornada no terminó allí. Entre las 6:47 p. m. y las 8:14 p. m., López y Pinilla realizaron otras cinco llamadas telefónicas.
Además, un certificado de tradición y libertad confirmó que Irma Solangel Torres es la propietaria del apartamento 112 de la torre 2 del conjunto Balcones de Pablo VI, el mismo inmueble cuya ubicación fue enviada a López y posteriormente a Pinilla.
¿Quiénes aparecen en la cadena de mensajes?
Vladimir Fernández había sido secretario jurídico de la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro. En octubre de 2023 fue elegido por el Senado como magistrado de la Corte Constitucional. También tuvo un papel determinante en la terna para la elección de Fiscal General de la Nación de la que resultó elegida Luz Adriana Camargo.
Olmedo López, entonces director de la UNGRD, renunció el 29 de febrero de 2024, en medio del escándalo por la compra de 40 carrotanques para La Guajira, operación que tuvo sobrecostos superiores a 16.000 millones de pesos.
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Posteriormente se convirtió en informante y colaborador de la justicia. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, fue condenado en abril de 2025 a cinco años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación, después de revelar esquemas de sobornos a congresistas y directivos.
El cuarto nombre de esta historia es el de Irma Solangel Torres, abogada que durante años trabajó junto a Fernández en litigios contra el Estado.
Entre esos procesos aparecen demandas contra la CREG, en representación de Poliobras, y litigios contra Invías y la ANI, como asesora de Grodco, además de asuntos personales del magistrado. Torres aparece como fundadora de la firma Estudios y Asesorías. Sin embargo, allegados sostienen que la firma pertenecería en realidad a Fernández, afirmación que el magistrado niega.
La omisión de la Fiscalía desata debate entre exfiscales
La aparición de estos registros abrió un debate sobre la actuación de la Fiscalía en el caso. María Cristina Patiño, fiscal titular del proceso de la UNGRD, explicó que durante la negociación con Sneyder Pinilla se acordó una “extracción controlada” de contenidos de sus teléfonos.
Según su explicación, la revisión debía ceñirse estrictamente a una matriz de colaboración de 27 nombres y la norma le impedía utilizar evidencia que no estuviera contemplada en ese pacto.
La explicación fue cuestionada por cuatro exfiscales generales consultados por Cambio.
Los exjefes del ente acusador coincidieron en que la Fiscalía es la que establece las condiciones del acuerdo y que, ante un hallazgo casual de posibles irregularidades que involucraran a un aforado constitucional como Fernández, existía la obligación de preservar la prueba y compulsar copias de inmediato a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se abriera una investigación independiente.
El punto central de la controversia es, precisamente, qué debía hacer la Fiscalía con una información que apareció dentro del material obtenido durante la investigación contra otros implicados.
Las respuestas de Vladimir Fernández, Olmedo López y Pinilla
Vladimir Fernández aseguró inicialmente que no recordaba el episodio. Posteriormente explicó que, en diciembre de 2023, Olmedo López le había manifestado en la Casa de Nariño su preocupación ante una eventual suspensión por parte de la Contraloría.
Según Fernández, fue por esa razón que recomendó a López los servicios profesionales de Irma Solangel Torres y le envió la dirección de su domicilio.
La investigación periodística plantea, sin embargo, una pregunta sobre esa explicación: si la recomendación profesional estaba dirigida a López, ¿por qué fue Sneyder Pinilla quien terminó desplazándose hasta el apartamento de Torres?
Los abogados de los dos exfuncionarios también entregaron sus versiones. Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, sostuvo que su cliente no está obligado a responder dentro de su principio de oportunidad por supuestas omisiones construidas sobre información no verificada.
José Moreno, abogado de Olmedo López, señaló que fue la propia Fiscalía la que delimitó los hechos incluidos dentro del trámite judicial.
Así, los registros del 9 de enero de 2024 dejan reconstruida una cadena de mensajes y llamadas que comienza antes del viaje de Sneyder Pinilla a Bogotá y termina horas después, con varias comunicaciones entre los protagonistas.
Bloque de preguntas frecuentes
- ¿De qué acusan al magistrado Vladimir Fernández en el caso UNGRD?
- Se le señala de supuestamente haber coordinado el recibo de dinero en efectivo prestado por Olmedo López y Sneyder Pinilla el 9 de enero de 2024, entregado en el apartamento de la abogada Irma Solangel Torres en Bogotá.
- ¿Por qué interviene la Comisión de Acusación de la Cámara?
- Como magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández goza de fuero constitucional. La Comisión de Acusaciones es la única entidad legalmente competente para investigarlo y definir si abre proceso penal o disciplinario.
- ¿Qué respondió la Fiscalía tras no compulsar copias en 2024?
- La fiscal del caso argumentó que la extracción del celular de Pinilla estaba condicionada a un acuerdo matriz de 27 nombres. Sin embargo, exfiscales sostienen que existía el deber legal de compulsar copias ante un hallazgo casual sobre un aforado.
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