Un total de 61 cadáveres fueron hallados en un crematorio abandonado en el balneario mexicano de Acapulco, ubicado en el estado de Guerrero, donde en septiembre pasado desaparecieron 43 estudiantes, informaron este viernes fuentes de la fiscalía estatal.
El hallazgo de los cuerpos fue posible por una llamada de los vecinos que se alertaron producto del olor fétido producido por los cuerpos. Las autoridades, que acudieron al crematorio, ya retiraron los restos humanos en vehículos del Servicio Médico Forense.
Alrededor de la 01.30 de este viernes (07.30 GMT) terminaron de sacar los cadáveres en camilla y de llevárselos tapados con sábanas blancas al instituto forense local, de acuerdo a lo que pudo constatar.
Las autoridades tienen previsto emitir un comunicado oficial en las próximas horas pero las fuentes anticiparon que al parecer entre los cuerpos uno corresponde al de un menor de edad y ninguno estaba mutilado.
Además, los cadáveres tenían cal encima para evitar el mal olor y ninguno había sido quemado.
El estado de Guerrero es uno de los más pobres, con mayor presencia del crimen organizado y mayor conflictividad social de México.
A unos 200 kilómetros de Acapulco se encuentra Iguala, el municipio en el que el pasado 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal (de magisterio) de Ayotzinapa tras ser atacados por policías locales corruptos que los entregaron al cártel de Guerreros Unidos.
Según el testimonio de algunos de los criminales detenidos desde entonces por este caso, los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos quemados en un vertedero de la población vecina de Colula.
Activista mexicano fue encontrado decapitado
Las autoridades mexicanas encontraron el cuerpo decapitado del activista Gustavo Salgado en un camino del central estado de Morelos, un día después de haber sido reportado como desaparecido, informó el Frente Popular Revolucionario (FPR), organización en la que militaba.
El cadáver del dirigente del FPR en Morelos, de 32 años, fue hallado la tarde del pasado miércoles por policías locales en el poblado de Mototepec, en el municipio de Ayala.
El cuerpo, que presentaba señales de tortura, fue identificado por miembros del FPR, una organización radical de izquierda, que responsabilizó del asesinato al Estado mexicano.
“Este crimen forma parte de la política de terror que implementa el Estado para tratar de amedrentar al movimiento popular en general y a nuestra organización en particular”, señaló.
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