El mismo día que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un reporte denunciando que en Nicaragua hay 94 presos políticos, el gobierno de Daniel Ortega ordenó la detención de dos opositores más.
Los sucesos ocurrieron el lunes, después de que la comisionada presentó la actualización de su informe sobre esa nación, a la que su oficina hace seguimiento debido a la crisis sociopolítica que se desencadenó abril de 2018 y que aún no encuentra solución.
Los llamados de Bachelet para que el Gobierno revise la situación de Derechos Humanos son repetidos y, asegura, no hay avances. Desde 2019 reclamó desmantelar y desarmar a los elementos armados progubernamentales y esto no ha sucedido. En contraste, en julio un hombre fue asesinado en el municipio de La Trinidad, según denuncias, por parte de funcionarios.
El conteo de irregularidades que lleva la Alta Comisionada da cuenta de 30 amenazas a defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, líderes campesinos y de la Iglesia, quienes han sido determinantes en los intentos de diálogo con el Ejecutivo.
Considera que la respuesta del Estado a la emergencia social, que se agravó por el coronavirus, ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despido de personal médico. Sobre la pandemia, considera que “los datos oficiales se informan solo una vez por semana y carecen de información epidemiológica detallada”, un llamado que también ha hecho la OPS.
Crisis puede agravarse
“Estamos viviendo una escalada en los niveles de la violencia política que se expresa de diferentes maneras, una de ellas es la arremetida contra los periodistas”, afirma el sociólogo Óscar René Vargas. El fin de semana la justicia embargó los bienes del Canal 12, un medio crítico con el régimen. También han tomado medidas contra 100 % noticias y la revista Confidencial, entre otros portales de noticias.
Todo indica que el cerco a la oposición podría aumentar en los próximos meses, porque Ortega propuso que los “crímenes de odio” sean castigados con cadena perpetua. El problema es que el no específica qué considerará como esa conducta delictiva, “pueden estarse refiriendo a tener ideas políticas diferentes a las del oficialismo”, dice Vargas.
Esa iniciativa, entonces, puede traducirse en más presos políticos en las cárceles. El coordinador general de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tunnerman, denuncia que el régimen está liberando a reos comunes, lo que ha aumentado la inseguridad del país, mas no permite que los detenidos por motivos políticos salgan de prisión, un llamado que también hizo Bachelet desde 2019.
“No hay manera de hacer una protesta cívica en las calles porque la Policía llega a reprimirla”, afirma. De esta forma, el camino para la oposición es cada vez más complejo a pesar de que desde Naciones Unidas, la Alta Comisionada ha enviado reiterados mensajes para que se atienda la crisis social de Nicaragua, una de las naciones con las tendencias más bajas de crecimiento económico del continente, según la Cepal, que, además, se prepara para ir a las urnas en 2021.
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