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Estados demandan al Gobierno de Biden por restricciones en armas
Un grupo conformado por 17 Estados comenzó una demanda contra el presidente de Estados Unidos por considerar que afectaba el derecho a la tenencia de armas de fuego.
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La demanda fue radicada ante el Tribunal del Distrito Federal del Norte de Dakota. Foto: Colprensa.
Una coalición de 17 estados inició este miércoles una querella judicial contra el Gobierno del presidente estadounidense, Biden, acusándolo de restringir el derecho constitucional a la tenencia de armas de fuego, informó la oficina del fiscal general de Arizona, Mark Brnovich.
La demanda, radicada ante el Tribunal del Distrito Federal del Norte de Dakota, cuenta con el apoyo de fabricantes de armas y asociaciones de propietarios de armas, y nombra como demandados a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y al Departamento de Justicia.
Los querellantes califican de inconstitucional una norma de ATF que regula las partes no acabadas y todavía no funcionales de las armas con el mismo criterio que si fuesen armas de fuego ya completas.
“Esto amenaza la tradición estadounidense de fabricación privada de armas de fuego que data de antes de la Revolución”, señaló un comunicado de la oficina de Brnovich, en referencia a la revolución independentista.
“La ATF intenta excederse de la autoridad que le ha sido otorgada por el Congreso. Estas reglas son inconstitucionales, no son prácticas y probablemente arruinarán el negocio de un gran número de fabricantes de partes”, afirmó Brnovich.
La demanda sostiene que las normas de ATF son un paso hacia la “creación ilegal de un registro nacional de armas de fuego que requerirá que todos los vendedores minoristas de armas de fuego guarden registro de todas las ventas más allá de los 20 años ahora requeridos”.
Estas reglas, según el comunicado, también requerirían que los vendedores de armas, pasados los 20 años, entreguen la documentación a ATF, y esto “amenaza la privacidad de cada poseedor de un arma en el país”.
Brnovich afirmó que la acción legal, contenida en un documento de 168 páginas, forma parte de sus esfuerzos para “proteger la Segunda Enmienda de la Constitución”.
Esa enmienda estipula que “siendo necesaria una Milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar Armas”.
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