Fue a entregar una pizza en Brooklyn y terminó en una cárcel de Nueva Jersey, en fila para ser deportado: el caso de un ecuatoriano, padre de dos niñas, pone en relieve la situación de millones de menores estadounidenses que viven con padres indocumentados bajo amenaza inminente de expulsión.
El presidente Donald Trump llegó al gobierno con la promesa de deportar a los más de 10 millones de indocumentados en Estados Unidos, la mayoría proveniente de México y Centroamérica.
Pero las cosas no son tan simples cuando muchos se han arraigado en el país a veces hace décadas, y tienen cónyuge, hijos y hasta nietos estadounidenses.
Más de cinco millones de niños viven en Estados Unidos con al menos un padre indocumentado. De ellos, 4,1 millones son estadounidenses, según datos del Migration Policy Institute (MPI), un centro de análisis independiente de Washington DC.
El repartidor detenido el 1 de junio cuando entregaba una pizza en una base militar, Pablo Villavicencio, de 35 años, vive y trabaja en Nueva York desde hace más de ocho años.
Tenía una orden de deportación pendiente, pero tramitaba su “green card” o permiso de residencia permanente.
Si es deportado, la familia quedará separada, a menos que su esposa y sus hijas de dos y tres años -las tres estadounidenses- abandonen su país. También perderán su principal fuente de sustento.
“Mis hijas precisan a su padre, lo extrañan mucho”, dijo su esposa, Sandra Chica, en un video publicado el miércoles en Twitter.
Los abogados de Legal Aid que representan a Villavicencio de manera gratuita lograron el fin de semana que un juez frenase a último momento su expulsión, y ahora exigen su liberación. Una audiencia fue fijada para el 20 de julio.
Familias separadas “todo el tiempo”
“El caso de Pablo no es muy único. Recibió mucha atención, pero esto está pasando todo el tiempo en todos lados, a través del país, en la frontera, en las ciudades, en Long Island, en Brooklyn...”, dijo a la AFP Gregory Copeland, el abogado de Villavicencio.
Villavicencio “es un padre muy presente; sus hijas son el centro de su mundo”. “No es peligroso, no es un riesgo, no está escondiéndose, no tiene antecedentes penales. No hay razones para mantener su detención”, sostuvo Copeland.
Mientras gobierno anteriores privilegiaban la expulsión de inmigrantes que habían cometido delitos serios, el gobierno Trump ha eliminado esas prioridades y busca deportar incluso a quienes hayan cometido delitos menores, de tránsito o por ejemplo dejar vencer una visa.
Los arrestos para deportación aumentaron un 27% en la primera mitad del año fiscal 2018 en relación al mismo periodo del año anterior (79.286 arrestos), según la policía migratoria (ICE).
ICE incrementó las redadas: tras dos masivas en una planta de procesamiento de carne en Tennessee y otra en 98 tiendas 7-Eleven de todo el país, una realizada el 6 de junio en una empresa de jardinería de Ohio utilizó a 200 agentes y helicópteros para detener en escenas de caos a más de 100 inmigrantes.
Decenas de hijos de los detenidos quedaron varados en guarderías o con niñeras, contaron activistas en las redes sociales.
ICE ha tomado incluso la polémica decisión de irrumpir en las cortes a arrestar a los inmigrantes, un lugar antes considerado protegido, como las iglesias, escuelas y hospitales.
“Devastador”
Para Sarah Pierce, analista del MPI, “tener un padre indocumentado es extremadamente estresante para los niños, especialmente en el actual ambiente” político.
La deportación de un padre “puede ser económicamente devastador para una familia, pero también psicológicamente”, advierte.
Un estudio de 2016 realizado por el MPI afirma que los hijos de padres indocumentados tienen menos educación preescolar, hablan peor inglés, son más pobres y tienen un progreso socioeconómico reducido en comparación al promedio de otros niños estadounidenses con papeles.
Aunque el expresidente Barack Obama fue apodado “deportador en jefe” por expulsar a más de dos millones de inmigrantes sin papeles durante su gobierno, “la separación de familias era la excepción, y ahora es la regla”, dijo a la AFP Megan McKenna, portavoz de KIND, una ONG que otorga asistencia legal gratuita a menores inmigrantes.
El gobierno Trump decidió en mayo comenzar a procesar penalmente a cada inmigrante que ingrese sin papeles al país.
Esto implica que cuando un extranjero llega con sus hijos y sin papeles a la frontera o un puerto de entrada, es detenido y separado de sus niños, a veces durante meses.
