Uno de los archivos más voluminosos que recibió el pasado miércoles el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, es el del caso que se le sigue desde hace tres años al gobierno de Nicolás Maduro en esa instancia, por denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad.
La saliente fiscal, Fatou Bensouda, hace tres días, al presentar su renuncia, dijo que “aunque los resultados de los procedimientos actualmente permanecen clasificados como confidenciales, se harán públicos en breve”.
Y es que luego de nueve años al frente de la Fiscalía de la CPI, la labor de Bensouda en el caso de Venezuela ha sido objeto de diversas opiniones. El año pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA), por medio de un informe, dijo que había falta de ritmo en el examen preliminar al expediente Venezuela, y que “no ha actuado de forma imparcial y objetiva ante el caso”.
Sin embargo, Ángela Benavides, profesora de la Universidad de Antioquia y experta en el tema, cree que “la exfiscal fue muy cuidadosa, y si no se pronunció es porque no quiso correr riesgos”. De todas formas, el informe de la OEA sentó un precedente que la Corte respondió con un lamento por el tono de la misiva. Y, aunque en 2020 anunció que en los seis primeros meses de 2021 iba a haber una respuesta al examen, un informe presentado por Venezuela la retrasó.
El proceso y los informes
¿Por qué si, según la Corte, “existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”, no se ha dado un informe final?
Resulta que el gobierno de Maduro también hizo lo suyo, y en respuesta a la OEA presentó un informe de 112 páginas a la Corte llamado “La verdad de Venezuela contra la infamia”. En él, aunque habla de garantías a los derechos humanos, se da gran espacio a que hay intenciones políticas de por medio. Al respecto, Benavides dijo que la discusión se debe centrar es en los posibles crímenes de lesa humanidad, porque “si se pensase en términos políticos, la Corte ya se hubiera pronunciado”.
Las palabras de la entonces fiscal Bensouda de que sí hay fundamentos para creer que se cometieron crímenes están relacionadas a por lo menos 110 informes. Para hacer un recuento de algunos, la OEA preparó un documento de 162 páginas que este diario revisó.
En él se habla que desde enero de 2020 ha habido más de 2.000 muertos por operaciones de seguridad, que solo en julio de 2019 hubo 57 presuntas ejecuciones por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía venezolana, y que hasta octubre de 2017 hubo 11.993 detenciones arbitrarias.
Otro de los informes que detalla a precisión lo que ocurre en Venezuela es el preparado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también revisado por EL COLOMBIANO.
En este, se habla de que las vulneraciones “solían dirigirse principalmente a críticos del Gobierno y defensores de derechos humanos”. Uno de los episodios que más se resalta es la ejecución de 3 civiles durante un plan militar en el estado Miranda. Esa masacre empezó cuando soldados detuvieron a 35 hombres. 12 de ellos fueron masacrados y enterrados en fosas (dos baleados y 10 con heridas posiblemente con machete en cuello y cabeza), al resto “los desaparecieron o fueron torturados”.
Además, otras organizaciones como Amnistía Internacional han documentado por aparte casos como el de Luis Ramos, opositor al que oficiales mataron de dos tiros al pecho luego de participar en una marcha. Minutos antes lo habían separado de su familia, a la que también retuvieron.
Con todos los casos recogidos por presuntos crímenes, “se da lugar tanto a responsabilidad del Estado como a responsabilidad penal individual”, dijo la misión, y añadió que “ha registrado en su base de datos los nombres de los oficiales identificados por las víctimas como responsables directos de las violaciones y los delitos cometidos”, sumando a ello, calificó como un ataque generalizado y sistemático la mayoría de vulneraciones contra la población.
Este es un punto crucial del examen preliminar que toma el fiscal Khan. ¿Por qué?: dará más claridad para saber a quiénes se pasará a investigar y llamar a La Haya a declarar.
Santiago Vargas, profesor y abogado internacionalista, dijo que “puede que se llame a Maduro, como puede que se llame a otros funcionarios, eso aún no se sabe”. Antes de que pase un escenario como este, primero debe conocerse lo que dicte la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, la cual evalúa informes de 2020 presentados por Venezuela, entre ellos los aquí revisados.
En caso de que se declare admisible este examen preliminar, ahí sí se pasará a que el fiscal Khan abra una investigación de fondo que puede concluir en que los señalados responsables pasen a La Haya.
Controversia en lo que sigue
Hay que dejar claro que la Fiscalía, al no ser un órgano judicial, no juzga: solo acusa e investiga, fueron las palabras textuales del abogado Vargas. Sobre este punto, tanto él como la profesora Benavides consideran que a veces la Corte ha tenido poca efectividad, y así se ha visto en países de África. Benavides aduce esta demora a que “no es por fallas estructurales, sino porque falta más cooperación de parte de los países”.
Y acá entra en juego el caso de Venezuela, el cual sirve para ejemplificar una controversia. Si finalmente la Corte abre la investigación, llama a los individuos encontrados responsables; y si, por ejemplo, Maduro es uno de ellos, el Estado venezolano, al estar suscrito al Estatuto de Roma, tendría que enviar al presidente a La Haya. “Es decir, Venezuela tendría que enviar a su mandatario, cosa que en la realidad faltará ver si se cumple”, dijo la profesora. Por eso, es clave la decisión que se espera en los próximos días por parte de la Sala, la cual dará vía libre o no al fiscal. Por ahora, Vargas cree que este “evaluará la situación a nivel mundial”, y dijo que además centrará su atención en países dispuestos a cooperar
2018
fue el año del informe inicial de la CPI. Se espera entrega final en próximos días.
