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Fiscalía española presenta querellas contra el gobierno de Cataluña
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Este domingo se realizaron manifestaciones para manifestar el deseo de mantener vinculados a España. FOTO EFE
El fiscal general del Estado anunció este lunes una querella por el grave delito de “rebelión” contra los miembros del gobierno catalán destituido, acusados de haber provocado una crisis institucional que llevó a la declaración de independencia de Cataluña.
“La querella contra los miembros del gobierno se ha interpuesto ante la Audiencia Nacional” en Madrid, indicó el fiscal José Manuel Maza, quien también acusa al presidente catalán cesado Carles Puigdemont y su Ejecutivo de “sedición, malversación de fondos y prevaricación”.
De todas maneras, la juez de turno, Carmen Lamela, quien ya lleva otra causa ligada al independentismo catalán, decidirá en los próximos días si admite a trámite la querella y si mantiene todos los cargos o solo algunos.
El delito de rebelión, está penado en España con entre 15 a 30 años de prisión y el de sedición con hasta 15 años.
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En su querella, Maza pide citar a los concernidos con “carácter de urgencia”, y en “caso de incomparecencia”, su “inmediata detención”.
Asimismo, el fiscal anunció otra querella ante el Tribunal Supremo por los mismos delitos contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros dirigentes de ese órgano, que el viernes pasado tramitaron la declaración de independencia, aprobada por 70 de 135 diputados catalanes.
En respuesta, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, adoptó el viernes una batería de medidas para tomar el control de Cataluña, entre ellas el cese del Ejecutivo catalán, la disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones regionales para el 21 de diciembre.
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El fiscal Maza afirmó que las autoridades catalanas “con sus decisiones y actos han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre”.
Además, Maza solicita que se establezca una fianza de 6,2 millones de euros para el conjunto del gobierno catalán cesado y otra por igual monto para los dirigentes del Parlamento catalán.
