Cada vez se hace más complejo el proceso que enfrenta el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ante la justicia de su país por su presunta participación intelectual en el intento de secuestro contra el opositor Fernando Balda, que se vio frustrado en 2012 por la Policía colombiana en Bogotá.
El jueves fue una nueva oportunidad para que declarara ante la embajada ecuatoriana en Bruselas, Bélgica, ciudad en la que reside desde que dejó el máximo cargo de su país, pero se negó a hacerlo alegando “falta de garantías en el proceso”. De inmediato la Fiscalía General del Estado anunció que “debido a la inasistencia del expresidente Correa se declararon diligencias fallidas a las tomas de versiones, vía telemática”.
Fernando Molina, abogado defensor del que fuera líder de la denominada “Revolución ciudadana”, intentó de inmediato calmar los ánimos en entrevista con el diario El Comercio, asegurando que la voluntad de Correa es defenderse ante la ley: “Hemos realizado el análisis correspondiente y hemos determinado, como parte de la defensa técnica, que no existen las garantías adecuadas para que el expresidente pueda rendir su versión. Él tiene toda la predisposición de colaborar con la justicia y ampliar su versión en el caso”.
En medio de este pulso, surgen tres escenarios posibles: que Correa empiece a comparecer, pero siga intentando alargar el proceso; que no acuda y con eso Ecuador ponga en marcha una solicitud de captura internacional y extradición; o que, como ya se informó, el expresidente haga realidad su intención de pedir asilo político a Bélgica.
Disidencias y escarmientos
Fernando Balda inició su carrera integrándose al partido del correísmo, Alianza PAIS, en 2006. Se convirtió rápidamente en una persona de confianza de quien un año después fue elegido presidente: Rafael Correa. Por este motivo fue nombrado asesor de la gerencia del Banco del Fomento.
En 2008 empezó su fractura con líder izquierdista, al considerar que “no cumplió con sus promesas” en cuanto al nombramiento de líderes regionales. En diálogo con EL COLOMBIANO, el exdiputado César Rodríguez, también disidente de PAIS, explicó que “a pesar de que fue cercano al círculo de Correa, Balda se une ese año al partido Sociedad Patriótica, uno de los más reacios al oficialismo. Así fue que un presidente acostumbrado a que nadie lo cuestionara buscó un escarmiento contra Balda para advertir a todo el que lo siguiera”.
Por tanto, sus señalamientos contra funcionarios correístas devinieron en demandas por injuria, que fue aceptada, por lo que Balda huyó a Colombia en 2010, y fue sentenciado a dos años de prisión en su país. El 13 de agosto de 2012, mientras caminaba por el norte de Bogotá, fue interceptado por varios hombres que lo subieron a una camioneta. Un taxista vio la escena y avisó a la Policía, quien respondió rápido, por lo que frustró el intento.
El caso avanzó rápido y se pudo establecer que fueron agentes de inteligencia ecuatorianos quienes estaban detrás del suceso. Hay varios procesados en ambos países. Aún así, Balda fue extraditado en octubre de 2012 a Ecuador, y solo logró la libertad hasta octubre de 2014. Allá inició un proceso en el que señaló directamente a Correa como autor intelectual.
“Ahí hay una serie de motivaciones políticas en busca de venganza contra quien de pronto Correa pensó que en algún momento era un incondicional pero que lo traicionó”, señaló Rodríguez.
Implicaciones en Ecuador
Pero ¿qué significa este caso para la actualidad del país? En opinión de Diego Cediel, internacionalista y docente de la Universidad de La Sabana, sin duda hay un elemento político en torno al caso.
“Es imposible desligar las dos cosas. El referendo que perdió el correísmo en febrero, y que validó la autonomía de Lenín Moreno para andar su camino sin la sombra de Correa, no se suponía que llevaría a futuras revanchas. Pero si esa votación fue la carta de libertad de Lenín, esto ya es el acta de enemistad”, dijo.
Para Rodríguez, lo bueno de esta arremetida judicial es que significa “que no le pasarán a Correa las arbitrariedades de su gobierno. La justicia actuará de forma independiente para descubrir estas situaciones que estaban tapadas por orden del Ejecutivo”.
Pero el dilema, según Cediel, es que se define la suerte del Ecuador entre la necesidad de sanear la institucionalidad de la corrupción, por un lado, y por otro el imperativo de blindarla frente al amargo pasado de casi completa inestabilidad e ingobernabilidad.
“Las dinámicas que tenía antes Ecuador parecían una legitimación del golpe de Estado. Cuando no les gustaba Lucio Gutiérrez, le bloqueaban el país y hasta luego. Así con otros. Ese es el riesgo que revive con el caso Balda”, dijo.
El pronóstico no es optimista porque la polarización se exacerbará, al igual que la desconfianza entre la población, en medio de discursos cada vez más agresivos. Está en manos de Correa ahora defenderse desde lo legal o dar fuego al malestar popular en la calle, al estilo del pasado.
