La crisis institucional del Perú –desatada por la decisión del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso y su posterior captura por parte de la policía– ha sido el motivo de discusión pública de las últimas horas en Latinoamérica. Castillo salió por la puerta de atrás de la sede gobierno y al intentar ingresar a la embajada de México en Perú para solicitar asilo fue detenido. El juez supremo de su país dictó siete días de detención preventiva en su contra por la alta probabilidad de fuga.
El presidente de Colombia Gustavo Petro reaccionó a los acontecimientos en el vecino país pidiéndole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar cartas a favor de Castillo expidiendo medidas cautelares. “Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.
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Sin embargo, la CIDH ya había emitido un comunicado en el que se alejaba de la interpretación de los acontecimientos hecha por Petro. Uno de los pasajes del texto de la CIDH señala que la decisión de Castillo de disolver el Congreso desconoció las previsiones de la constitución peruana, en particular el artículo 134.
Por lo tanto, el organismo internacional “reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”. En otras palabras, reconoce la legalidad de la destitución de Castillo y le da la espalda a la petición de Petro.
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