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Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua por las que el gobierno de Petro guarda silencio
El régimen de Daniel Ortega persigue opositores y religiosos, por lo que la OEA condenó sus acciones con una resolución.
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Daniel Ortega ajustó su quinto mandato como presidente de Nicaragua. FOTO: ARCHIVO.
La inasistencia de los representantes de Colombia a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en la cual se condenaron las violaciones a los DD.HH. en Nicaragua, no solo levantó una polvareda geopolítica, sino que puso de nuevo sobre la mesa los abusos perpetrados por el régimen de Daniel Ortega.
La nación centroamericana atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, con protestas masivas antigubernamentales que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron sofocadas con ataques armados que en el primer año dejaron 355 muertos, de los cuales Ortega ha admitido 200.
La situación ha empeorado tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, y con sus principales contendientes en prisión.
Entre los hechos recientes más cuestionados, está la captura del obispo Rolando Álvarez, un crítico del régimen, a quien la Policía señaló de realizar “actividades desestabilizadoras y provocadoras”. Junto al jerarca han sido detenidos otros 10 sacerdotes católicos.
El líder sandinista ha calificado de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional que buscaba una salida pacífica a la crisis política.
En esa misma línea, ordenó el cierre de varias emisoras católicas, expulsó del país a 12 monjas de una congregación y prohibió las procesiones por “motivos de seguridad interna”.
La persecución también ha incluido a escritores, intelectuales y periodistas, como el reportero Miguel Mendoza, encarcelado desde junio de 2021.
Al gobierno de Gustavo Petro y a su canciller Álvaro Leyva les reclaman su silencio frente a estas violaciones. La inasistencia a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el pasado 12 de agosto, por decisión voluntaria, tiene a la política exterior colombiana en el ojo del huracán.
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