Durante su primera intervención en la conferencia de Sharm el Sheij, en la COP27 en Egipto, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que librará una fuerte lucha contra la deforestación, y que hablará con los pueblos indígenas.
“Vamos a acabar con el proceso de degradación que están viviendo nuestros bosques tropicales”, afirmó.
Lula explicó que el futuro ministerio de los Pueblos Originarios es una medida de justicia, para que los indígenas tengan un mejor trato y “no sean vistos como bandidos”.
Aunque todavía faltan seis semanas para que asuma su cargo el 1 de enero, Lula arrancó su agenda diplomática en Egipto con encuentros con el enviado especial para el clima estadounidense, John Kerry, y el negociador jefe chino, Xhi Zhenhua, además de otras bilaterales.
Su discurso tuvo lugar en un pabellón instalado en la COP27 por el consorcio Amazonia Legal, que agrupa a los nueve estados de la cuenca amazónica brasileña. A pocos metros se encontraba el pabellón oficial del gobierno de Jair Bolsonaro, que tiene también una activa agenda de actos públicos en la COP27.
Así entonces, Lula propuso organizar la celebración de la COP30 en Brasil en 2025. Encuentro que podría tener lugar en el estado de Amazonia o en el de Pará.
Por su parte, los delegados en Sharm el Sheij están en medio de complicadas negociaciones sobre la posible creación de un fondo de pérdidas y daños causados por el cambio climático.
La deforestación promedio anual en el Amazonas aumentó un 75% con respecto a la década anterior durante el mandato de Jair Bolsonaro.
Por eso, Noruega y Alemania anunciaron, tras la victoria de Lula, estar dispuestos a reanudar su apoyo financiero para preservar la selva virgen amazónica en Brasil, después de haberlo retirado en 2019 poco después de la llegada al poder de Bolsonaro.
Hasta el momento, Noruega es el mayor contribuyente de ese fondo, y según su ministerio de Medio Ambiente, hay actualmente 641 millones de dólares disponibles.
Cabe anotar que Brasil concentra el 60% de la Amazonía, uno de los mayores sumideros de CO2 del planeta, repartido entre nueve países y fundamental en la lucha contra el cambio climático.
La deforestación del lado brasileño, según datos oficiales, alcanzó en el período 2020-2021 un máximo en 15 años a causa de la promoción de la minería y las actividades agropecuarias del gobierno de Bolsonaro.
Esa devastación representa casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, según la ONG Observatorio do Clima.
