55
senadores de Brasil votaron el miércoles a favor de iniciar un juicio político contra Dilma.
El miércoles, mientras los senadores de Brasil pronunciaban con ímpetu sus razones para aplicar o no un juicio político contra Dilma Rousseff, varios fotógrafos captaron al equipo de la primera presidenta de ese país recogiendo cuadros, retratos y adornos.
El jueves, cuando 55 votos confirmaron el inicio del impeachment, las últimas pertenencias del que fue durante cinco años su despacho en el Palacio de Planalto, la sede del Ejecutivo, eran trasladadas a el de la Alvorada, un imponente edificio del arquitecto Oscar Niemeyer, también recinto oficial, donde Rousseff ya se concentra con sus colaboradores más cercanos para diseñar su estrategia de defensa.
La exministra de Desarrollo Social, Tereza Campello; el exministro del área, Carlos Gabas; la exministra de Planeación, Miriam Belchior, y la senadora Ángela Portela, una de las 22 que votó contra el juicio político, hacen parte del equipo que buscará demostrar la legitimidad de su líder.
“La defenderé hasta último momento. Lo que sucedió tiene nombre, se llama golpe. Haremos varias sesiones en La Alvorada para plantear cuál es la mejor forma de sostenerlo”, dijo la congresista, y advirtió que por ahora no se revelarán más detalles sobre la estrategia, más allá de que será “continua y cuidadosa”.
Entretanto, el Senado, con el presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Joaquim Benedito Barbosa, como guardián del proceso, tiene 180 días para fortalecer sus argumentos, escuchar los de Rousseff, deliberar y dar un veredicto. La decisión, incluso, podría darse antes de agosto, cuando se inauguran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en medio de una crisis política y económica, .
Al final, una mayoría de esa corporación determinará si existieron por parte de la presidenta en receso irregularidades de carácter político, frente a dos cargos: violación de leyes fiscales de Brasil y apertura de cupos de crédito sin participación del Congreso.
¿Un juicio legítimo?
“La interrogación se puede volver tensa, la situación interina será difícil. Para algunos, incomoda que el poder se pase de manera arbitraria sin ni siquiera resolver la situación económica de Brasil ni haya más confianza”, augura Marta Ardila, jefe del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de la Universidad Externado,
Similar es el presagio de Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Wilson Center para la investigación. Afirma que si Michel Temer, el presidente interino, no demuestra que tiene capacidad de liderazgo y que su discurso puede pacificar al país, “Brasil seguirá sin gobierno, sin dirección y la crisis se profundizará”.
Sin embargo, a un lado del pesimismo, para Sotero es claro que el impeachment se ha dado con todo el rigor y no merece los calificativos de “golpe” o de “inconstitucional”, como lo tachan los opositores del proceso.
Esa sensación la comparten las mayorías, aunque incluso en círculos intelectuales existen dudas. Rogério Bastos Arantes, profesor de Estado y Gobierno en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de São Paulo, se siente viviendo “la crisis de democracia más grave a la que nos hemos enfrentado en los últimos años, con el agravante de que nuestras instituciones no parecen lo suficientemente fuertes y consolidadas para manejarlo”.
Según el docente e investigador, el juicio está ocurriendo en condiciones “precarias y con un bajo grado de legitimidad”, llevando a que la imagen política del país “esté irremediablemente roto y será muy difícil que el nuevo presidente la recupere”.
Sobre Temer, justamente, afirma que causa “pavor”. Su seguimiento de los últimos días le ha mostrado que, contrario a lo que manifestaba cuando era congresista, el presidente interino tiene la intención de poner en práctica una política neoliberal y un ajuste fiscal ortodoxo. Pretende además, reducir el gasto público y privatizar las relaciones laborales. “La pregunta es entonces, ¿cómo el nuevo presidente va resolver esta enorme contradicción?”, concluye.
Tiemblan los vecinos
La incertidumbre de si el juicio político tendrá o no efectos en Latinoamérica despertó rápidas reacciones.
Argentina, el principal socio comercial de Brasil, fue el primero. Marcos Peña, jefe del gabinete ministerial, expresó preocupación “por el impacto sobre nuestra industria, nuestros productos, nuestro comercio”.
A este le siguió el canciller ecuatoriano, Guillaume Long, para quien el juicio es “una espiral absolutamente nefasta, tanto para la democracia cuanto para el Estado de derecho”, y el chileno, Heraldo Muñoz, que llamó “gravitación de Brasil en el ámbito regional” al momento de ese país.
Pese al temor generalizado, Andrés Molano, internacionalista de la Universidad del Rosario, considera que “de ninguna forma hay una conmoción en América Latina. No es verdad que si Brasil tiene gripe política, los demás estornudan”.
Para el analista, no se puede sobrestimar el peso de Brasil; “ni siquiera en términos económicos, con socios claves como Argentina, ni mucho menos con Colombia, con quien no tiene relaciones tan fuertes como se cree”, dijo.
Otra es la posición de Julio Burdman, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Buenos Aires. Según él, al menos para Argentina, Brasil es un país central en términos económicos.
“No tenemos certezas. Da la impresión de que las nuevas autoridades tendrán un efecto confianza en los mercados. No obstante, el nuevo gobierno tiene una estabilidad incierta y en Argentina no los vemos muy favorables al Mercosur,”, agregó.
Por la misma línea se sitúa Ardila. Según dice, el temblor y la crisis de confianza se sentirá incluso en Colombia, ya que Brasil, dice, “es un líder, el país con el que compartimos 1.644 kilómetros de frontera, el país que tiene más de 50 empresas con inversiones en nuestro territorio y el país que posiblemente debería participar activamente en un posible posconflicto”...
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