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Piden procesar a Donald Trump por 4 delitos tras la violenta toma al Congreso de Estados Unidos

El Comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque de 2021 hizo la recomendación. La decisión queda en manos del Departamento de Justicia.

  • La toma al Capitolio se registró en enero de 2021 y, de acuerdo con el comité que lo investiga, el ahora expresidente Donald Trump instó a los violentos a proceder con su accionar ilegal.
    La toma al Capitolio se registró en enero de 2021 y, de acuerdo con el comité que lo investiga, el ahora expresidente Donald Trump instó a los violentos a proceder con su accionar ilegal.
19 de diciembre de 2022
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Por la presunta responsabilidad del multimillonario expresidente republicano Donald Trump en la violenta toma del Capitolio de Estados Unidos, en enero de 2021, la comisión legislativa que lo investiga pidió este lunes que se le imputen cuatro delitos de carácter penal y que, en la misma vía, se tomen las decisiones judiciales que correspondan.

De acuerdo con el comité de la Cámara de Representantes que investiga a Trump, el exmandatario debería ser procesado por incitación a la insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para defraudar al gobierno y hacer declaraciones falsas. La petición se le elevó al Departamento de Justicia, ya que el legslativo no tiene esa potestad.

“Todo el propósito y objetivo obvio del plan de Trump era obstruir, influir e impedir la transferencia legal del poder en Estados Unidos”, sostuvo el congresista demócrata Jamie Raskin, integrante de ese comité.

Pero el mandatario republicano, según dijo, no actuó en solitario. “Tuvo un acuerdo formal e informal con varias personas que le ayudaron con sus objetivos delictivos”, sostuvo el legislador confiando en que la investigación del Departamento de Justicia ofrezca un panorama más detallado.

En sus recomendaciones al Departamento de Justicia también se citó de forma explícita a uno de los abogados de Trump, John Eastman, con los cargos de obstruir un procedimiento oficial y de conspirar para defraudar al Gobierno federal.

“Entendemos la gravedad de todas y cada una de las sugerencias que estamos haciendo, así como entendemos la magnitud del delito contra la democracia que describimos en nuestro informe, pero hemos ido adonde nos llevan los hechos y la ley, e inevitablemente nos llevan ahí”, apuntó Raskin.

El 6 de enero de 2021, unas 10.000 personas, la mayoría seguidores del entonces presidente republicano, se manifestaron frente al Capitolio y cerca de 800 irrumpieron de forma violenta en el edificio mientras se ratificaba la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre de 2020. Hubo 5 muertos y unos 140 agentes heridos.

“No hay duda de que Trump pensaba que las acciones de los asaltantes estaban justificadas”, dijo la congresista demócrata Elaine Luria, para quien el entonces mandatario “echó gasolina al fuego” y pasó horas viéndolo por televisión sin hacer nada para apagar ese incendio.

Que Trump pasara la tarde viendo ese ataque por televisión, según la legisladora republicana Liz Cheney, fue uno de los descubrimientos más “vergonzosos” de la investigación. Ese día, dijo, “fue la primera vez que un presidente estadounidense rechazó su deber constitucional de transferir el poder de forma pacífica al siguiente”.

El comité, formado en julio de 2021, está integrado por nueve miembros, siete de ellos demócratas y los otros dos republicanos, y decidió por unanimidad emitir sus recomendaciones para que se impute a Trump y a Eastman. En todo caso, este miércoles presentará su informe final.

La decisión de presentar cargos recae en última instancia en el fiscal general, Merrick Garland, quien en noviembre anunció la designación de un fiscal especial para investigar a Trump por su posible implicación en el asalto al Capitolio y por los documentos clasificados hallados en su mansión de Mar-a-Lago (Florida) tras su salida de la Casa Blanca.

La de este lunes fue la décima y última audiencia del comité legislativo, que ha entrevistado en estos meses a más de 1.000 personas implicadas de forma directa o indirecta en la insurrección que violentó en Washington el Capitolio.

El comité ha querido difundir sus conclusiones antes del inicio de la nueva Legislatura el 3 de enero, porque la nueva mayoría republicana que habrá a partir de ese día hace anticipar la disolución de este órgano.

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