La Unión Europea incluyó este viernes a la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, además de otros cuatro funcionarios judiciales, en la lista de sancionados por “socavar la democracia y el Estado de Derecho” en ese país.
Además de Porras fueron sancionados tres funcionarios de la Fiscalía: el Secretario General de la institución, Ángel Pineda; el investigador Rafael Curruchiche y la fiscal Leonor Morales. También fue incluido en la lista de sancionados el juez Fredy Orellana.
Estas cinco personas “son responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala”, indicó el Consejo Europeo en un comunicado.
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Los cinco tienen ahora vetado el ingreso al espacio de la UE. Además, eventuales activos que posean en territorio europeo serán congelados.
El Consejo Europeo también determinó que ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido suministrar fondos a esas cinco personas.
La Fiscalía de Guatemala rechazó en un comunicado las sanciones y las calificó de “señalamientos espurios, maliciosos y antidemocráticos” que “atentan contra el estado de Derecho y la independencia” del ente judicial.
“Estos ataques sistemáticos buscan intimidar y coaccionar a funcionarios del Ministerio Público [...] con un claro interés de obstaculizar la justicia y detener investigaciones en curso para beneficiar a determinados actores”, agregó la cuestionada Fiscalía guatemalteca.
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Porras impulsó una intensa acción para impedir la investidura del presidente Bernardo Arévalo, en unas maniobras consideradas una tentativa de golpe de Estado por el nuevo mandatario.
La comunidad internacional apoyó con énfasis a Arévalo, que pudo asumir como presidente.
Desde hace una semana, el nuevo mandatario ha pedido públicamente que Porras renuncie a su cargo. El lunes, Arévalo convocó a Porras a su gabinete, pero la Fiscal se retiró anticipadamente, alegando otros compromisos.
Poco más tarde, publicó en la red X una carta en que invitó al presidente Arévalo a una “reunión de trabajo” en la Fiscalía. El Departamento estadounidense de Estado ya sancionó a Porras en mayo de 2022 por “participación en importantes hechos de corrupción”.
Según el Departamento de Estado, Porras repetidamente obstaculizó investigaciones anticorrupción “para proteger a sus aliados políticos y obtener favores”.
