Dimilson Guzmán Santaella fue asesinado por la Policía Nacional Bolivariana de un tiro a quemarropa. El hecho ocurrió en Ocumare del Tuy, un municipio del estado Miranda, en el norte de Venezuela. Su asesinato quedó captado en un vídeo que fue visto por miles de personas en el país vecino y causó indignación internacional.
Ante la presión mediática y la evidente crueldad de los policías venezolanos que quedaron expuestos en el clip, en octubre del año pasado el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, anunció su captura y señaló que les imputaría los delitos de homicidio calificado, uso indebido de arma y agavillamiento –que en el código penal venezolano se refiere a la asociación de varias personas para cometer un delito–.
El asesinato de Guzmán Santaella muestra la descarnada realidad de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, que se han recrudecido en lo que va del 2022. De acuerdo con la ONG Control Ciudadano, en las dos semanas de este año se han reportado 27 personas asesinadas por miembros de la Fuerza Pública venezolana.
Mientras tanto, el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, que fue creado en 1989, ha documentado que entre 2016 y 2021 hubo cerca de 9.211 casos de ejecuciones extrajudiciales.
También preocupa la impunidad en este tipo de delitos. De hecho, en un estudio realizado por Cofavic entre 2014 y 2020, cuyos resultados se conocieron el año pasado, se conoció que en el 92 % de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Venezuela, las autoridades no hacen ninguna acusación formal contra los implicados. Incluso, en el 96 % de los casos los responsables no fueron detenidos en ningún momento.
“En el 40% los hechos fueron investigados por funcionarios provenientes de la misma fuerza involucrada y en el 80% se registraron amenazas contra familiares y personas allegadas”, se lee en un comunicado conjunto que fue firmado por Cofavic y la Organización Mundial Contra la Tortura, que también ha seguido de cerca las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
“Lamentablemente las sanciones hacia funcionarios del Estado que ejercen la fuerza de manera desproporcionada son nulas”, señaló Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Rodríguez explicó que en algunas ocasiones la Fiscalía venezolana investiga los casos de ejecuciones extrajudiciales, estos procesos se ejecutan con el objetivo de “apaciguar” los ánimos de la comunidad internacional.
Pero no solo se trata de falta de voluntad estatal para hacerles seguimiento a los casos, pues distintas organizaciones internacionales han señalado que las autoridades incluso han tratado de ocultar información sobre delitos cometidos por la Fuerza Pública.
Rodríguez señaló que las ejecuciones extrajudiciales han tenido un incremento pronunciado después de que Nicolás Maduro llegó al poder, y explicó que esto se recrudeció especialmente en 2014, cuando hubo enfrentamientos entre colectivos de opositores del Gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad. Y mencionó la muerte del expolicía José Odreman, que fue asesinado a manos de la policía durante esa época.
“Desde entonces, los cuerpos de Policía asumieron una oposición mucho más agresiva. Se crearon las Operaciones para la Liberación del Pueblo, cuyos resultados se medían en el número de bajas”, aseguró Rodríguez.
Este tipo de prácticas de la Fuerza Pública venezolana es, para Rodríguez, una de las características que perfilan al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura, pues la violencia estatal se recrudeció bastante después de que llegó al poder.
