Tras la reelección de Nicolás Maduro en julio de 2024, se desencadenaron protestas que resultaron en 28 fallecidos, aproximadamente 200 heridos y más de 2.400 arrestos. De estos últimos, cerca de 2.000 personas han sido liberadas hasta el momento, de acuerdo a AFP.
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Por otro lado, Amnistía Internacional asegura que hay, por lo menos, 15 personas desaparecidas tras las elecciones.
Más allá de las cifras, el informe de Amnistía Internacional, junto el de Human Rights Watch, retratan el patrón de las autoridades para la desaparición forzada y detenciones ilegales de personas en contra del régimen.
Amnistía Internacional advierte que muchas personas que fueron detenidas ilegalmente, quedaron incomunicadas y acusadas de delitos ambiguos como “terrorismo”, solo por criticar al gobierno. En casos de desaparición forzada, se les negó toda protección legal, poniendo en riesgo su vida.
Al momento del cierre del informe de Amnistía Internacional, al menos 926 personas continúan privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos y sometidas a tortura y otros malos tratos como condiciones insalubres y precarias de encarcelamiento o denegación de atención médica.
Sobre esto, en EL COLOMBIANO, conversamos con Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch el pasado 15 de julio.
Lo que pasó en Venezuela tras las elecciones
Tanto el panel de expertos de Naciones Unidas como el Centro Carter concluyeron que “los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral en Venezuela no cumplen con las propias reglas electorales venezolanas”, afirmó Goebertus, mientras que las actas de la oposición que otorgan la victoria a Edmundo González fueron consideradas confiables.
“El régimen de Nicolás Maduro se aferra al poder ya no desde un proceso de legitimidad popular, sino desde el castigo, desde la represión y la generación de miedo”, comentó la directora.
También explicó que este régimen perdió el respaldo popular, incluso en barrios controlados históricamente por el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) donde tenía mayorías hasta hace poco tiempo.
“Lo que hemos visto todo este año es eso: continúan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones constantes en detención, torturas, tratos crueles”, explicó Juanita Goebertus, quien considera que “esa es la única manera de generar miedo para aferrarse al poder y seguir dentro del régimen”.
Más de 10 años en el poder
Nicolás Maduro llegó al poder el 19 de abril de 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, de quien fue vicepresidente y heredero político.
Desde entonces, ha permanecido en la presidencia durante más de una década. En 2018, fue reelegido para un segundo mandato en medio de denuncias de fraude y cuestionamientos internacionales.
Estados Unidos, bajo Biden, intentó negociaciones que llevaron al Acuerdo de Barbados y permitieron las elecciones de 2024. Promover una transición de dictadura a democracia requiere incentivos.
“La lógica de ese proceso fue establecer sanciones asociadas a la producción y exportación de petróleo y permitir liberar algunas de esas sanciones a cambio de que el régimen de Nicolás Maduro asumiera una serie de compromisos en materia electoral”, explicó la directora.
Este proceso demostró que existe una mayoría en Venezuela que votó por Edmundo González, pero no fue suficiente. Maduro desatendió los compromisos cuando vio que perdía el poder.
¿El mundo le sigue creyendo a Maduro?
Previo a las elecciones de julio, Goebertus estuvo en Ginebra debido a una discusión en el Consejo de Derechos Humanos sobre la ampliación del mandato de la misión de establecimiento de hechos de violaciones a derechos humanos cometidas en Venezuela que había cumplido 2 años.
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”Para ese momento, mayo de 2024, Venezuela había logrado convencer, gracias al apoyo de los países de la región, que las cosas estaban mejor en el país y que no era necesario extender el mandato”.
“Yo creo que habían logrado, gracias a esta idea, de que lo que había que promover era la unidad latinoamericana, un convencimiento de muchos países”, según Goebertus.
Después de las elecciones del 28 de julio, el régimen “se encargó” de que se prorrogara el mandato de la misión.
Al final, Maduro sigue en el poder
Por más de que existe la misión mencionada por parte de Naciones Unidas y los embargos internacionales hacia Venezuela, no solo Nicolás Maduro sigue en el poder, muchas familias todavía no saben dónde están sus seres queridos, como las que protestaron el 4 de agosto.
“Mi hijo fue detenido por un sticker del presidente Maduro que enviaron sus amigos de la universidad en un grupo de WhatsApp”, relató a AFP Yasbelis Zerpa, madre de un joven detenido.
Ella, quien llevaba cuatro años en Perú y regresó a Venezuela para luchar por la libertad de su hijo, explicó a la agencia francesa que “estuvo esposado 20 días de manos y pies”.
“Mi hijo no tiene maldad en su corazón para que lo estén acusando de terrorismo, él solo quería estudiar”, mencionó Zerpa.
Venezuela registra aproximadamente 807 presos políticos hasta el 4 de agosto, de acuerdo con las cifras más actualizadas de Foro Penal.
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