En el mundo ideal, Colombia debería destinar la misma cantidad de recursos que hoy corresponden a subsidios agropecuarios al desarrollo de bienes públicos, de acuerdo con la revisión de las políticas agrícolas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) entregó ayer al Gobierno Nacional.
De acuerdo con Dalila Cervantes, analista agropecuaria de la Ocde, en el ejercicio se midió el porcentaje de ingreso bruto al productor que viene por políticas agrícolas y se determinó que era de 19 por ciento, “es decir, que por cada 100 pesos, 19 son aportados por el Estado”, dijo la vocera, al tiempo que explicó que esta política fue marginal en los últimos 20 años antes de 2013, “cuando hubo un cambio drástico por la cantidad de recursos asignados al Programa de Protección del Ingreso Cafetero (PIC).
Lo anterior significa que el grueso del presupuesto se va en apoyos al precio al que un producto se coloca en el mercado y muy poco a servicios generales, cuando “este último debería tener un rol más importante”.
Ken Ash, director de Comercio y Agricultura de la Ocde, aseguró que los subsidios son malos o buenos en la medida en que ayuden producir mejor, “por la diferencia en la naturaleza del impacto que produce”.
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, manifestó al respecto que las bases del Plan Nacional de Desarrollo coinciden con el diagnóstico de la organización y que se viene trabajando en migrar paulatinamente hacia visiones a largo plazo. “Hay ajustes que se harán a largo plazo porque es imposible resolver los problemas en siete meses que llevamos. Por ahora creo que el sector está orientado, ahora me falta empujarlo hacia adelante, hacia donde la Ocde señala”.
El indicador, que ubica a Colombia en el promedio de los países del organismo, está basado en 13 productos agropecuarios que conforman 76 por ciento del PIB agropecuario. Para la medición se centra en dos componentes: mecanismos de apoyo al precio de los productos y transferencias monetarias al agricultor.
Otras observaciones le apuntan a mejorar el marco institucional desde el refuerzo de las entidades, las relaciones entre otros ministerios con incidencia en áreas rurales y el monitoreo de programas públicos.
Además, sugiere reforzar el sistema de investigación e innovación por medio de mecanismos de financiación a largo plazo y evaluando el marco de la parafiscalidad. También le apuesta a la integración del país a los mercados agroalimentarios del mundo a través de la promoción del aumento de la competitividad de las exportaciones al reforzar el sistema sanitario y fitosanitario.
