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Alcalde Quintero debe aclararle a la Procuraduría cómo solucionará la crisis de infraestructura en los colegios
La Procuraduría le exigió respuestas al alcalde sobre el plan de intervención en las casi 400 instituciones educativas.
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400.000 estudiantes en Medellín conviven cada jornada con graves deterioros estructurales. FOTO esneyder gutiérrez -
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La Procuraduría cita informes de EL COLOMBIANO
La Procuraduría General de la Nación le exigió al alcalde Daniel Quintero informar el estado actual de la implementación del Plan de Infraestructura Educativa, así como el cronograma de intervención de las instituciones priorizadas. El detonante de esta solicitud fue el accidente ocurrido el pasado 8 de marzo, cuando un techo en la Institución Educativa Doce de Octubre cayó sobre un salón en el que se encontraban 16 estudiantes y causó heridas a seis de ellos.
Para el Ministerio Público, el accidente en dicho Colegio –que pudo terminar en una tragedia– es una clara señal de alerta de la necesidad de atender cuanto antes las condiciones en las que se encuentra la infraestructura de numerosas instituciones educativas de la ciudad, más exactamente el 95 % por ciento de todos los establecimientos públicos que presentan grave deterioro estructural.
La Procuraduría le recordó a Quintero que fue bajo ese contexto de urgencia que el mandatario fue al Concejo a pedir vigencias futuras, las cuales le fueron aprobadas por un monto de $319.000 millones para realizar 398 intervenciones hasta el año 2024, de las cuales 264 deben empezar a ejecutarse durante la presente vigencia. Aprobación que llegó el pasado 17 de agosto, es decir, hace más de siete meses.
Por esta razón, para la Procuraduría es preocupante e irregular que aun con vía libre y recursos para adelantar este mega plan de mejoramiento en infraestructura educativa, cerca de 400.000 estudiantes de colegios públicos sigan conviviendo con altos riesgos contra su vida y su integridad, por cuenta de daños estructurales graves en techos, pisos, paredes y amenazas silenciosas contra la salud como humedades y condiciones de salubridad inadecuadas.
De hecho, el propio colegio en el Doce de Octubre se encontraba entre los priorizados por alto riesgo y aun así la Alcaldía ni siquiera había terminado las obras de mitigación de que debían estar listas desde el año pasado.
Por eso el Ministerio Público manifestó su preocupación frente a las denuncias de EL COLOMBIANO y otros medios que han hecho seguimiento a la problemática, que evidencian que en varias de las instituciones priorizadas para adelantar intervenciones en infraestructura no hay a la fecha avances significativos y se espera que las obras inicien solamente hasta el segundo semestre de este año.
Ante este panorama, el requerimiento de información deberá precisar las situaciones que han impedido avanzar con mayor diligencia en las actividades previstas y las gestiones adelantas por la Alcaldía para superar dichos obstáculos. Las medidas para atender los riesgos de integridad de la institución educativa afectada, las acciones para el restablecimiento de derechos a la salud y a la educación de los alumnos afectados, también deberán exponerse en el informe.
Solo tras el escándalo por el incidente en el Doce de Octubre el alcalde Daniel Quintero salió en su cuenta de Twitter a “regañar” a sus funcionarios y a pedir celeridad para intervenir las instituciones, asegurando que en los últimos tres años la burocracia había sido la culpable de los nulos avances en mejoramiento de infraestructura educativa, burocracia de su propia administración, pues tal como lo conoció EL COLOMBIANO, la EDU, encargada de manejar el millonario presupuesto para dichas obras, ha naufragado entre su negligencia para resolver los requerimientos jurídicos y técnicos para echar a andar andar el proyecto.
También este medio recogió decenas de testimonios de rectores y directivos en toda la ciudad y sus corregimientos que dan cuenta de presiones e intimidaciones por parte de la Secretaría de Educación para forzarlos a apoyar el proyecto político de Quintero y para que no visibilicen ante medios las problemáticas de sus colegios bajo la amenaza de embolatarles o retrasarles los arreglos.
