No, no es una noticia repetida y tampoco es la misma que leyó “en estos días”. Es que las investigaciones por presunta corrupción de Daniel Quintero y sus aliados en la alcaldía de Medellín fueron tantos que los anuncios sobre diferentes procesos se acumulan cada semana. Esta vez fue la Procuraduría General de la Nación la que formuló pliego de cargos en contra de cuatro exfuncionarios del ahora precandidato presidencial, por uno de los escándalos más sonados durante la administración Quintero: los contratos del Parque de las Aguas financiados con plata de presupuesto participativo.
El Ministerio Público formuló cargos en contra de Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector de gestión administrativa y financiera del Área Metropolitana; Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora general del Inder; y los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, todos ellos por presunta culpa gravísima.
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La Procuraduría se apoyó, entre otras cosas, en informes publicados por EL COLOMBIANO que dejaron en evidencia la cartelización que sufrió Medellín y en la cual se esfumaron millas de millones de pesos.
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Como una forma de soslayar la Ley 80 y las demás normas de contratación que mandan privilegiar las licitaciones públicas sobre la contratación por vía directa– Metroparques se convirtió en el eje de este entramado de corrupción, y quedó un cargo del manejo de casi 400.000 millones entre 2020 y 2023, que fue el período de corte del estudio de Todos por Medellín para determinar la profundidad del escándalo.Y el 98,4% de ese monto, es decir, más de $390.000 millones, correspondieron a recursos provenientes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), el Inder y diferentes secretarías del Distrito.
La veeduría se centró en 40 contratos interadministrativos que sumaron $268.000 millones, sin considerar las adiciones, y entre ellos pudo comprobar que $120.000 millones (44%) fueron entregados a 22 empresas, entre las cuales terminaron involucradas varias que a lo largo de la administración Quintero estuvieron metidos en todo tipo de escándalos.
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“Acá, a diferencia de la cartelización, que normalmente se da en el sector privado para engañar a los funcionarios, habría un acuerdo tácito entre servidores públicos y contratistas”, explicó Piedrar Patricia Restrepo, directora de Todos por Medellín.
En el documento de la Procuraduría llamó la atención que el apoderado de Diana Toro Zuleta pidió la acumulación de los procesos disciplinarios, solicitud de que le fue negada. Toro Zuleta se ha hecho famoso por diversas maniobras para presuntamente dilatar los procesos que se adelantan en su contra. Ante la Fiscalía, por estos mismos hechos, aseguró no poderse presentar en audiencias ni entregar su lugar de residencia actual por supuestas amenazas contra su integridad. La Fiscalía está pidiendo 10 años de cárcel para ella.
Para colmo, en esta fuga de recursos terminaron embolatándose recursos del presupuesto participativo en contratos en los que no tenían por qué estar involucrados. Por estos mismos hechos avanza sólidamente el proceso en Fiscalía General, en contra de estos mismos personajes, más otros exfuncionarios y contratistas.
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