La presunta persecución contra funcionarios de carrera que han alertado sobre prácticas que podrían configurar hechos corruptos desató este viernes una rebelión en el piso 15 del edificio Plaza de la Libertad, donde queda la Secretaría de Participación Ciudadana de Medellín.
En las estaciones de trabajo los funcionarios de carrera pusieron afiches que dicen: “La amenaza de traslado no impide que sigamos siendo servidores públicos comprometidos y transparentes”.
Este movimiento tiene su antecedente más próximo en la resolución de traslado que le llegó a la líder de contratación, Isabel Vélez, y según le dijeron a EL COLOMBIANO fuentes que pidieron reserva de su identidad, sería una retaliación por varios llamados de atención que la funcionaria les ha hecho a los directivos de esa Secretaría con relación a que hagan convocatorias abiertas en vez de la contratación directa y los contratos interadministrativos que se han convertido en la regla general.
Otra fuente de malestar de los directivos con los “de carrera” sería las alertas que ellos han hecho por el mal uso de los carros de un contrato que se paga con dineros públicos.
Concretamente, de acuerdo con las fuentes, desde el año pasado el líder administrativo le notificó al secretario, el sacerdote Juan Guillermo Berrío, que era necesario revisar los recorridos de dos carros que estaban al servicio de la subsecretaria de Formación, Martha Nupan, y de la directora técnica, Melissa Franco.
Para funcionarios de ese rango, el reglamento permite que se les brinde transporte solo para diligencias relacionadas con el servicio y para ir en la mañana de la casa al trabajo y devolverlos a su domicilio al final de la jornada, no para diligencias personales y ni siquiera si deciden ir a almorzar.
Solo que, de acuerdo con las planillas que le anexaron al secretario Berrío y también a la queja que instauraron ante la oficina de Control Disciplinario del Distrito en marzo pasado, era reiterativo que Nupán y Franco hicieran recorridos desde sus casas a colegios -serían donde estudian sus hijos-, las devolvían a sus residencias y luego las llevaban a la oficina, en La Alpujarra.
Esto se observó en el segundo semestre de 2022, con pausa justo en el periodo de vacaciones. Igualmente, había casos en los que -de acuerdo con las planillas- usaban los autos oficiales para desplazarse a los centros comerciales El Tesoro y Sandiego, e instituciones de salud de El Poblado.
Si bien Nupán cesó la conducta al conocer la queja, en el caso de Franco habría continuado.
El sacerdote Berrío dejó Participación Ciudadana el 10 de abril pasado, solo que ese mismo día, una de las últimas instrucciones que habría dado fue la de la resolución que ordenaba trasladar a la líder de contratación y que fue notificada el martes pasado a la implicada. La resolución aparece firmada desde la Secretaría de Gestión Humana.
Adicionalmente, quien formuló las denuncias sobre el uso cuestionable de los vehículos fue señalado de enrarecer el ambiente laboral y ahora, en la resolución que afecta a su compañera se señala que la permuta favorecerá el ambiente laboral.
El temor de los funcionarios es que sea el primer episodio de una campaña contra los que, en concepto de esta administración, se han interpuesto en sus propósitos.
“En la protesta hay muchos porque se solidarizaron; hemos pegado carteles en todo el piso 15 y en otras partes también están poniendo”, le dijo un funcionario de Participación a este diario.
Este medio de comunicación ya ha denunciado casos similares de mal uso del transporte que es pagado con dinero del Distrito. Una de las denuncias se refería a Esteban Restrepo, el hombre de confianza del alcalde Daniel Quintero, quien usaba dos carros y uno de ellos era para “vueltas” familiares como llevar y traer a su novia, al papá y hasta a la tía que le hacía el aseo. También, la ex subsecretaria de Defensa de lo Público, Alethia Arango, usaba el vehículo para madrugar al gimnasio. La Personería acaba de anunciar que le está poniendo el ojo al tema.
