Se acaba de conocer una decisión frente a uno de los casos de presunta corrupción más sonados de la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero: el de las presuntas irregularidades en un contrato para el mantenimiento de jardines de la ciudad. La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a dos exfuncionarios de esa alcaldía por estos hechos.
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Se trata de la exsecretaria de Infraestructura Natalia Urrego Arias y Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques, quienes fueron destituidos e inhabilitados por nueve años por el ente de control en el marco de esta investigación, en la que son señalados de, presuntamente, ampliar, sin justificación alguna, un contrato que tenía por objeto la conservación de los mencionados jardines.
Cabe recordar que el contrato en cuestión fue inicialmente suscrito por alrededor de $5.226 millones y con una duración de tres meses, entre el 3 de noviembre de 2020 y el 3 de febrero de 2021. Sin embargo, luego fue extendido hasta el 10 de junio del 2021, con el argumento de que se necesitaba más plazo por las medidas adoptadas por los gobiernos nacional, departamental y municipal para combatir los efectos del covid-19.
Ahora, en la investigación que asumió el ente de control, por medio de la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1, se determinó que “las condiciones en las que se modificó el contrato, que llevaron a prorrogar el plazo, desconocieron los principios de la función administrativa como el de economía y el de eficacia”, razón por la cual se impusieron las sanciones de inhabilidad y destitución.
Por otro lado, el ente de control consideró que una ampliación del plazo del contrato sin una justificación razonable dejó entrever la intención de favorecer intereses distintos a los de cumplir los fines del Estado y de la entidad contratante.
Por estos hechos, en el fallo de primera instancia, la Procuraduría calificó la conducta de Natalia Urrego y Jorge Liévano como falta gravísima cometida con culpa gravísima. Esta decisión puede ser apelada por los ambos sancionados.
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