En el barrio Manila montaron el primer parklet de Medellín, una estrategia urbanística en la cual se interviene una vía con mobiliario como sillas y mesas, con las que se amplían corredores peatonales y se montan pequeños negocios móviles que son extensiones de bares, cafés y restaurantes, en fin.
Quedó ubicado sobre la calzada vehicular en la calle 11A con la carrera 43E, como una extensión de la Tienda de Manila. Sin embargo, según varios vecinos consultados, fue una sorpresa pues nadie les avisó ni el Distrito se dignó a hacer algún anuncio previo. Fue también sobre la marcha, dijeron, que se enteraron de que se trataba de espacio aprobado como parte de las estrategias de aprovechamiento económico del espacio público y que viene otro frente al restaurante Hacienda.
El malestar, dicen los vecinos, no fue solo por la falta de socialización sino por las implicaciones que ellos consideran que dejará esta apropiación del espacio público. Por ejemplo, el problema de movilidad en una zona que ya tiene sus vías bastante saturadas.
El director de la Agencia APP, Daniel Escobar, reconoció que faltó ampliar la socialización a toda la comunidad, más allá de los “actores estratégicos” del barrio, a quienes señala que les informaron.
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Sin embargo, Escobar señaló que el próximo 3 de septiembre en un encuentro en la Casa de la Cultura esperan dejar claras todas las dudas que surgieron por cuenta de este piloto. Y es que el director de la Agencia defendió la iniciativa de la cual dijo que es una estrategia de gestión del espacio público mucho más efectiva que disponer solamente de celdas de parqueo, que era lo que funcionaba en el espacio ahora convertido en parklet.
Según el funcionario, esta intervención empleada en países como Francia, ha arrojado buenos resultados para recuperar seguridad, para mejorar el disfrute y convivencia en espacios públicos en zonas de alta mixtura, y de paso para generar recursos que se reinviertan en las mismas zonas.
Y es que según explica el director de la Agencia, la implementación del parklet sería un paso previo a la posible conformación futura en Manila de las Áreas de Revitalización Económica (ARE). Estas fueron incluidas en el POT de 2014 como un mecanismo del subsistema de financiación. En líneas generales, se busca a través de esta figura garantizar la sostenibilidad de las zonas de alto aprovechamiento económico, los llamados clúster de comercio y servicio asentados en sectores como El Poblado, metiéndole regulación efectiva y control de la mixtura de usos de suelo.
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En la práctica, quiere decir que el Distrito se asocia con privados, en este caso comerciantes que organizados a través de una ESAL firman un convenio de coadministración del espacio público. Este convenio incluye un modelo de financiación que se nutre de varias formas: aportes voluntarios de los comerciantes asociados, aumento en la carga tributaria y parte de los ingresos que deja la realización de eventos como ferias, bazares y demás esas zonas públicas.
Ahora bien, con esos recursos lo que hace el Distrito es garantizar que se destinarán para solucionar las problemáticas detectadas en común acuerdo entre comerciantes, vecinos y Distrito en esas zonas. Por ejemplo, hablando de zonas de alto comercio y entretenimiento en El Poblado, serían el manejo de basuras, aumento en la seguridad con cámaras, organizar el inmobiliario; limpiar quebradas, siembras de árboles nativos, más y mejores luces, en fin.
La idea es asignar responsables directos y encontrar recursos para solucionar este tipo de problemáticas y organizar mejor un espacio público que, de todos modos, se utiliza mal en muchas zonas. Así funciona sobre el papel. Pese a estar aprobado desde 2014, este instrumento apenas comenzó a rodar a finales de 2023, porque hacía falta resolver la minucia jurídica y administrativa para ejecutarla.
Durante la alcaldía anterior, la Agencia APP se echó al hombro la minucia técnica y quedó a una última firma por parte del Distrito que solo llegó el año pasado. Provenza, el Lleras y Manila se apuntaron para comenzar a implementar esta nueva figura.
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En Provenza se firmó el convenio en noviembre de 2024 y, según Escobar, hasta la fecha se generaron cerca de $1.000 millones que fueron reinvertidos en la zona. “Recursos surgidos en el barrio, que se quedan en el mismo barrio”, señaló el funcionario.
Según la Agencia APP, en el primer semestre de 2025 los comerciantes de El Poblado le pagaron al Distrito $1.335 millones por aprovechamiento de espacios. De estos, $191 millones fueron en Manila.
Aunque desde hace años existe la figura del aprovechamiento económico, el propósito, apuntó Escobar, es avanzar en varios puntos de la ciudad hacia formas más organizadas de coadministración del espacio público entre privados, comunidad y Distrito.
En Provenza, la propuesta inicial de los comerciantes organizados en la corporación incluyó el apadrinamiento de zonas verdes, la construcción de los bulevares de la 35 y la 8A, adecuaciones para emular los espacios de grandes bulevares de otras ciudades, en una inversión, según sus cuentas, que ascendería a $3.000 millones.
Lo que pase con este instrumento en las tres zonas de El Poblado será el termómetro de lo que puede ocurrir en otras zonas, pues en fila para su implementación están propuestas de comerciantes de Laureles, Perpetuo Socorro, Manrique y Aranjuez, por citar algunos sectores.
Queda ya para el debate general sobre el modelo de ciudad, cuál es el equilibrio entre este instrumento —que sin duda es valioso en cuanto a la búsqueda de soluciones de convivencia y habitabilidad en zonas de alta mixtura— y los riesgos de privatización del espacio público.
Un debate pertinente sobre todo ante la intensa campaña que adelanta la alcaldía de Federico Gutiérrez de recuperación del espacio público, que según organizaciones y colectivos está dejando 45 desalojos al día en varias zonas, según el sindicato la Familia de la Calle. Un interrogante útil para la discusión es, cuál es el rasero para decidir quién puede y quién no hacer uso del espacio público como fuente económica.
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