La violencia obstétrica es un asunto tan invisibilizado, tan normalizado, que en Medellín ni siquiera existen los datos suficientes para consolidar la incidencia de casos, pese a que ocurren con frecuencia según los relatos que afloran en conversaciones cotidianas. Es un tema tan vetado que muchas mujeres ni siquiera saben cuándo les pasa ni que deben reportarlo ni cómo hacerlo.
Muchas veces no tienen ni idea de que la violencia obstétrica es la que ejerce el personal médico sobre sus cuerpos y su dignidad, por medio de tratos deshumanizados, actos violentos, negligencia, abuso de poder o discriminación, todos comportamientos que tienden a mostrarse como naturales.
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Alejandra Vélez se dio cuenta casi cuatro años después del nacimiento de su primer bebé de que fue víctima de este problema de salud pública que sigue ocurriendo en todo el mundo. Recuerda que llegó a una de las clínicas de la ciudad, con dolores muy fuertes que soportó por dos horas hasta que la ingresaron a una sala de parto, donde había otras dos maternas.
“Ahora lo identifico como violencia obstétrica: la enfermera hacía comentarios bastante despectivos frente al dolor y al sentir de nosotras tres. Decía cosas como ‘entre más lloren, más las demoran’, ‘a la más bullosa es a la que el ginecobstetra menos bolas le va a parar’, ‘¿será que así lloraban cuando se lo estaban haciendo?’, ‘cuando uno se embaraza sabe que tiene que pasar por eso, no sé de qué se quejan’. Eran comentarios que lo coartaban mucho a uno para expresar lo que estaba sintiendo”, recuerda, y dice que también recibió un trato poco amigable en el procedimiento del parto, en el que considera que la hicieron aguantar más dolor del necesario.
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Pero lo peor, señala Alejandra, vino después del parto. Habían pasado ocho días cuando debieron hospitalizarla durante dos semanas porque en el procedimiento le dejaron restos de placenta en el útero. No le permitieron quedarse con el bebé ni que se lo llevaran para alimentarlo: “Eso también fue muy complejo, porque uno cuando es mamá, cuando por fin tiene al bebé en los brazos, y luego se lo quitan, siente como que le arrancan un pedacito de uno mismo”.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género que afecta a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Y, como en el caso de Alejandra, esta se evidencia por medio de acciones que van desde comentarios ofensivos hasta intervenciones médicas innecesarias que vulneran sus derechos e integridad.
Violencia obstétrica, un problema viejo, pero normalizado
“Hay una línea muy delgada en algunas palabras, frases, gestos que podemos evitar en el momento del parto y que se pueden constituir como una violencia obstétrica”, anota Dora Gutiérrez, directora de la Unidad Hospitalaria Manrique de Metrosalud.
Es un problema de alta incidencia en Colombia, aunque son recientes los esfuerzos por tener datos estadísticos al respecto. Incluso, solo hace casi tres años en el país se aprobó y se sancionó la Ley 2244, Ley de parto digno, respetado y humanizado, con la que se busca erradicar las prácticas de violencia obstétrica. Justamente entre 2022 y 2023 se realizó la Primera Encuesta Nacional de Parto y Nacimiento, que reveló un panorama complejo con resultados como que el 42% de las personas gestantes experimentaron algún tipo de violencia verbal durante el embarazo.
Entre otros resultados, la encuesta también dio cuenta de negligencia médica en el 42,2% de los partos, represión de las emociones de la mujer en el 35,7%, amenazas o intimidaciones en el 27,1% y contacto físico irrespetuoso hacia la madre en el 15,6%; todo por parte del personal de salud.
En la muestra encuestada, se evidenció además que el 26,5% de las madres fueron separadas del recién nacido sin razón médica que lo justificara y solo en el 33,7% de los partos la gestante estuvo acompañada de forma continua por alguien de su elección. A esto se suma que solo el 6,3% de las mujeres pudo decidir la posición de parto (lo que refleja restricciones a su autonomía) y cerca de un tercio no recibió información ni dio consentimiento para una cesárea realizada.
Estas cifras fueron analizadas la semana pasada durante la segunda sesión del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, liderado por la Alcaldía de Medellín, en el que participaron representantes de más de 50 instituciones de salud, como Metrosalud y el Hospital General de Medellín; justicia, como la Fiscalía y Medicina Legal; del Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo; y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de fortalecer alianzas para visibilizar, prevenir y atender los casos de violencia obstétrica en la ciudad.
Valeria Molina, secretaria de las Mujeres de Medellín, explica que se estableció una ruta clara para hacer seguimiento a los casos y tomar medidas concretas que protejan el derecho de las mujeres a vivir la gestación, el parto y el posparto en espacios libres de violencias.
La ruta tiene varios propósitos: dar a conocer este tipo de violencia y la importancia de denunciarla; visibilizar los canales para hacer los reportes, como la Línea 123 Agencia Mujer; capacitar al personal de justicia y protección para que atiendan los reportes con enfoque de género; formar al personal de salud en prácticas de parto digno; brindar espacios de escucha a las mujeres y establecer mecanismos de atención, como las duplas de profesionales psicosociales y jurídicos de la Secretaría de las Mujeres para orientar en estos hechos.
Luz Aida Rendón, subsecretaria de Salud Pública de Medellín, señala que el Distrito cuenta con más de 600 profesionales que están capacitando al personal médico y a las mujeres, para que conozcan sus derechos en los servicios de salud, con el fin de que les brinden un trato digno en todas las etapas de la maternidad.
Por ejemplo, en la unidad de Metrosalud de Manrique avanzan en capacitaciones y pedagogía para que los profesionales adopten las mejores prácticas al tiempo que las mujeres y familias sean conscientes de lo que no está bien y tengan las herramientas para denunciar. No es una apuesta aislada, en otras zonas del departamento, como el Oriente antioqueño, hay articulación entre la Universidad de Antioquia, la Católica de Oriente y los hospitales de Sonsón, Argelia, Nariño, La Unión, Abejorral y Rionegro, para promover prácticas de parto humanizado.
José Ricardo Ordóñez, gerente del Hospital de Sonsón, señala que incluso esta semana se cumplió entre estas instituciones y otras aliadas el Tercer simposio regional de parto cálido y respetado, con el que se busca intercambiar experiencias para fortalecer las herramientas que permitan mejorar la atención materna en este territorio.
Para Alejandra, ahora trabajadora social, estos espacios y los esfuerzos del Distrito de Medellín son fundamentales para que las mujeres y sus familias conozcan las manifestaciones de violencia obstétrica y la denuncien de forma oportuna. Dice que en muchas ocasiones para tener un parto humanizado hay que pagar el procedimiento particular o hacerlo por medio de medicina prepagada, tal como lo decidió su mejor amiga, quien estuvo con ella en el nacimiento de su bebé y no quería pasar por lo mismo.
“Cuando uno está en el trabajo de parto, está más vulnerable que nunca, y me parece que ser escuchada en el hospital, en la clínica, es fundamental, pero como eso no se ha visibilizado tanto, cada institución hace lo que quiere, es importante que haya pedagogía para que sepamos que eso es una violencia de género”, puntualiza al recordar su experiencia.
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